La socialista Susana Díaz cosechó ayer un nuevo fracaso en la tercera votación para ser investida como presidenta de la Junta, tras contar únicamente con el apoyo de los 47 diputados del PSOE y el rechazo de los 62 parlamentarios de los cuatro grupos de la oposición (PP, Podemos, Ciudadanos e IU).
Es la primera vez que en Andalucía un candidato no consigue la confianza en la tercera votación. En esta ocasión no se fijó una nueva sesión de investidura y se da por seguro que no se producirá hasta después del 24-M.
La oposición coincidió en que no debe celebrarse otra votación sin un acuerdo que garantice la investidura y, aunque ninguno es partidario -en principio- de nuevas elecciones, ahora no se descartan. Sin embargo, Susana Díaz amenazó con esa posibilidad ante el Grupo Socialista. "Si hay que ir a elecciones, se irá. Si alguien no las teme es esta candidata", dijo al denunciar que "algunos pretenden sacar rédito del 24-M".
El Estatuto de Autonomía establece, en su artículo 118.3, que se tramitarán sucesivas propuestas en caso de que el candidato no consiga la mayoría simple y "si, transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y el presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones".
La mayoría de los partidos, con el PP a la cabeza, instaron a Díaz para que se ponga al frente de las negociaciones, al tiempo que negaron que los dirigentes nacionales de sus formaciones estén liderando o condicionando los posibles acuerdos. El popular Juan Manuel Moreno dijo que le darán "un plazo razonable" para que intente generar una mayoría de apoyos. En su opinión, se trata de una "situación absurda" y de un "espectáculo bochornoso".
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría exigió a Susana Díaz explicaciones sobre "la transparencia" de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, en la que una juez apreció falta de rigor y graves irregularidades. La número dos del Gobierno expresó su preocupación por "cómo se ha llevado a cabo el proceso" y sobre lo que va a pasar con un proyecto del que "depende mucho empleo" en Andalucía.
Sáenz de Santamaría destacó que los términos del auto judicial son de una "gravedad extraordinaria" y manifestó su preocupación debido a que la magistrada haya advertido que no se ha respetado en lo más mínimo el procedimiento. La vicepresidenta aseguró que el Gobierno "eliminó todos los obstáculos" para la adjudicación de la mina y recordó que se exigió un "proceso abierto". Susana Díaz dijo que paralizó la concesión al enterarse del auto a través de un medio porque no está personada en la causa. "Cuando haya una sospecha de algún juez sobre un contrato, automáticamente se paralizará", subrayó. La Junta acusó a la vicepresidenta de utilizar la Mesa del Consejo de Ministros para hacer oposición a Andalucía.
