Anticorrupción ve "imposible jurídicamente" que la Infanta haya cometido delitos fiscales

Horrach trata in extremis de salvar del banquillo a Cristina de Borbón, a la que únicamente cita como testigo, y exige la devolución de 587.413 euros de origen delictivo y que ella habría gastado en fines particulares sin saberlo. El fiscal exige aplicar a rajatabla la "doctrina Botín" para no juzgar a la Infanta. Mientras, la defensa se apresuró a anunciar que abonará esa suma en el Juzgado mediante pólizas de crédito.

Como era sabido, la fiscalía no formula acusación contra la duquesa, para la que Manos Limpias reclama 8 años de cárcel y el pago de casi 2 millones en multas. El sindicato de funcionarios acusa a un total de 20 personas. Tampoco incriminan a la Infanta el Gobierno balear y la Abogacía del Estado.

El fiscal despliega una triple estrategia para librar a Cristina de Borbón del banquillo, algo muy improbable dado que el juez José Castro abrirá con seguridad juicio oral contra ella. Por un lado, sostiene que la Infanta no tuvo ningún papel en Aizoon, la consultoría e inmobiliaria que poseen, desde 2003, los duques de Palma al 50% y mediante la cual habrían defraudado a Hacienda, entre 2007 y 2008, más de 337.000 euros.

Anticorrupción asegura que fue colocada en Aizoon por su marido, que buscaba con ello un escudo, un blindaje "ante cualquier eventual incidencia ilícita que realizase bajo la cobertura de la mercantil". "Cristina accedió a participar en Aizoon dada la garantía y confianza que le ofrecía su cónyuge sin ser consciente del objetivo último de su presencia".

Horrach carga contra los fundamentos del auto de la Sala Segunda de la Audiencia que el pasado 7 de noviembre confirmó la imputación de la hermana del Rey. En su opinión, se ha "vulnerado el derecho a la presunción de inocencia", dado que "a la Infanta se la imputa en base a una sospecha, pudo saber, que invierte la carga de la prueba". El fiscal cree que no existe "algún dato, indicio, documento o declaración que acredite" la "participación de Cristina de Borbón en el presunto delito contra la Hacienda Pública atribuido a su cónyuge, Iñaki Urdangarín".

"Tras meses de afanada investigación la conclusión que se ha obtenido es un raquítico pudo conocer (el fraude fiscal cometido por su marido) que sitúa a Cristina en una posición de indefensión", ironiza Pedro Horrach, quien critica a la Audiencia por haber cambiado de criterio sobre la imputación de la esposa de Urdangarín, sin que hubiera elementos nuevos en el sumario.

"¿Si la Infanta no tenía por qué conocer (según la Audiencia) que Aizoon era una sociedad instrumental utilizada por su cónyuge para, presuntamente, apoderarse de fondos públicos, por qué tenía que conocer que era una sociedad instrumental para defraudar a la Hacienda Pública?", se pregunta el Horrach al hilo de las argumentaciones de la Sala Segunda de la Audiencia. Para el fiscal no se puede alegar que la duquesa no tuvo nada que ver con la trama de desvíos de fondos públicos del Instituto Nóos, del que fue vocal, y acusarla ahora de ser "garante" de la legalidad en Aizoon, una de las sociedad usadas por el entramado.

"Nada se dice en el auto para justificar la doble condición que se da a Cristina, que de simple figurante o elemento decorativo pasa sin solución de continuidad a imputada, como consecuencia de una pretendida posición de garante en la entidad Aizoon", argumenta. Para la Fiscalía, ser socia de Aizoon no basta para ser responsable de dos delitos fiscales, atribuidos a otro socio administrador (Urdangarín).

"Es innegable e inobjetable que, aparte de la participación societaria, el auto (de la Audiencia) no describe un mínimo relato indiciario de cooperación (en los delitos fiscales)". Se limita a señalar que "de alguna manera ha podido contribuir", remacha Horrach. En este punto la Fiscalía insinúa que la duquesa ha sido imputada por una discriminación por razón de su alta posición social. "El ministerio público ni puede ni debe tolerar eventuales distorsiones en función del perfil personal, social o de otra índole de un determinado ciudadano", advierte.

Horrach insiste en su tesis de que los gastos particulares con fondos de Aizoon hechos por la duquesa son irrelevantes entre 2007 y 2009, cuando se cometieron los supuestos delitos fiscales. Sólo incluye un pago con tarjeta de crédito de la consultoría en un restaurante por una comida que costó 352 euros. Por último, la Fiscalía denuncia que en el caso de la Infanta se está dando una respuesta penal distinta a la que marca la jurisprudencia o a la que se estila en el resto de España.

"Doctrina Botín"

La tercera batería de argumentos de Horrach está basada en la aplicación en el "caso Nóos" de la "doctrina Botín", que impide a las acusaciones populares acusar por un delito fiscal a un imputado si la Fiscalía o la Abogacía del Estado piden el sobreseimiento.

La Audiencia y el juez Castro sostienen que con la Infanta hay un matiz que sí da pie a la acusación popular: Hacienda y Fiscalía sí que presentan acusación contra otros encausados por delito fiscal. Horrach hace un prolijo análisis de la ley de Enjuiciamiento Criminal y la jurisprudencia para concluir que la única salida posible es el sobreseimiento. Castro tendrá que dictar en unos días el auto de apertura de juicio contra los 20 acusados o parte de ellos.

La Infanta pagará de forma inmediata los casi 600.000 euros que Anticorrupción le reclama como responsable civil, confiada en que se archivará la causa penal contra ella. Así lo anunció su abogado, Miquel Roca, quien pedirá el sobreseimiento de la causa para su cliente, dado que no la acusan ni el fiscal ni la Abogacía del Estado. Roca admitió que los casi 20 años de petición de pena para Urdangarín son "un golpe importante para la pareja".