El Consejo de Estado dio ayer luz verde, y por unanimidad, a un dictamen favorable a la impugnación del proceso participativo del 9 de noviembre en Cataluña. El informe no es preceptivo ni vinculante, pero el Gobierno se basará hoy en él para autorizar al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) la denominada "consulta alternativa".

En su dictamen, el Consejo de Estado considera que el proceso participativo "eleva, si cabe", la gravedad de la consulta que fue suspendida por el TC porque "se omiten algunas de las más elementales garantías constitucionales". Así, argumenta que el proceso carece de garantías constitucionales tales como la neutralidad de los responsables de supervisarlo y la previa determinación del universo de votantes, "siendo así que la inobservancia de tales garantías atenta contra la libertad y la igualdad del sufragio que es regla habitual de cualquier sistema democrático".

Alega, asimismo, que el hecho de que el Gobierno catalán no haya aprobado un decreto de convocatoria del proceso participativo en modo alguno impide "apreciar la existencia de un acto jurídico administrativo de convocatoria ya formalizado".

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Ante estos argumentos, Artur Mas se declaró "de todo menos sorprendido", pero aseguró que los preparativos siguen "adelante", a la espera del análisis de los que use el Gobierno para impugnar la cita ante el TC y de la decisión del alto tribunal.

Un total de 201.501 personas consultaron entre las 20.30 horas del miércoles y las 00.30 de ayer el local y la mesa que tienen asignados para votar el 9-N. Además, el Gobierno de Mas ha pedido a los medios de comunicación privados de Cataluña que emitan gratuitamente anuncios para informar del proceso participativo.

La decisión del Consejo de Estado modificó la postura del líder de ICV, Joan Herrera, hasta ahora contrario a tomar parte en la "consulta alternativa" por considerarla un "sucedáneo" de la suspendida por el TC. Eso sí, evitó usar la palabra "votar" para referirse a ella. ERC y la CUP llamaron a votar el 9-N, "digan lo que digan" el Consejo de Estado y el TC, y CiU tachó de "ridículo" el dictamen.