El juez del juzgado de instrucción número 9 de Sevilla imputó ayer a los dos últimos exsecretarios regionales de UGT-Andalucía Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, a los que la Fiscalía Anticorrupción acusa de "financiación ilegal del sindicato" a través de los fondos de formación.
Según la Fiscalía, ambos son responsables de la financiación ilegal de UGT-A por medio de "la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación". Pastrana, secretario regional de 1998 a 2013, y su sucesor participaron en la denominada "central de compras" del sindicato.
Esta central fue una "inspiración directa" de Pastrana y continuó cuando le sustituyó Fernández Sevilla. La financiación ilegal se produjo, según la Fiscalía, con la institución del "rápel", figura que permitía repercutir un porcentaje de las compras del sindicato a un proveedor, y el "bote", otra figura con la que se elaboraban facturas falsas.
Respecto a los "rápel", el proveedor soportaba el porcentaje de compras y luego ingresaba el dinero en una cuenta señalada por el sindicato. Después, UGT presentaba la factura sin incluir ese descuento, "lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones que presentaban a la Administración", subraya la Fiscalía.
