España ultima la firma de un acuerdo con Andorra para recuperar los bienes intervenidos en operaciones contra delitos económicos, para reponerlos a las víctimas o para que regresen al Estado si ha sido el perjudicado, anunció ayer el director de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó.
En la inauguración de unas jornadas sobre delincuencia económica en Barcelona, Cosidó anunció el inminente inicio de la segunda fase del Plan de Lucha contra la Delincuencia Económica, con el que pretenden profundizar en los éxitos reportados en la primera fase de este programa, iniciado en 2012.
Uno de los puntos del plan, según Cosidó, será potenciar la cooperación internacional, especialmente con países de fuera de la UE, sobre todo para firmar acuerdos específicos para localizar, bloquear y recuperar bienes intervenidos fruto de actividades de delincuencia económica.
En declaraciones a los periodistas, Cosidó precisó que el acuerdo con Andorra se firmará "próximamente", para el reparto de bienes intervenidos. Pero el comisario jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), Manuel Vázquez, desvinculó la firma del acuerdo del "caso Pujol", ya que es un planteamiento que viene de antes.
Además, Vázquez planteó que se pueda pagar a quien delate un gran caso de corrupción para favorecer las denuncias.
Por otra parte, la juez Mercedes Alaya preguntó ayer al testigo clave en la causa de los cursos de formación, Teodoro Montes, si el PSOE se financiaba con los fondos que la Junta transfería a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), de carácter público y dedicada a la formación.
El testigo, que declaró durante más de 26 horas en seis días, respondió que tiene numerosas dudas al respecto y que no podía contestar. Pero la juez afirmó que la FAFFE recibió un trato privilegiado por la multitud de subvenciones que le concedieron.
El Sindicado Andaluz de Funcionarios (SAF) presentó una denuncia ante el juzgado de instrucción de Sevilla contra 42 altos cargos de la Junta de Andalucía por presuntos delitos de prevaricación, usurpación de los funciones de los funcionarios y malversación de como mínimo 980 millones.
