El Gobierno catalán advirtió ayer en sus dos recursos ante el Tribunal Constitucional de consecuencias imprevisibles por el riesgo de "extremismo político y violencia" si se mantiene la suspensión de la consulta independentista. A su vez el Parlament aprobó el nombramiento de los miembros de la Comisión de Control del 9N en un abierto desafío al alto tribunal, y el presidente Artur Mas proclamaba que no rectificará su plan para llevar a cabo esa votación, pero evitando caer en la desobediencia civil.

Si se impide la consulta "es difícil prever la consecuencias" y los perjuicios de "carácter irreversible y no reparable", subraya la Generalitat, que cita en sus recursos una resolución del Consejo de Europa, en la que se apunta que cuando los ciudadanos son privados de su derecho a participar en la toma de decisiones políticas, se alimenta el "extremismo político e incluso la violencia".

El Ejecutivo autonómico insta al TC "al levantamiento inmediato" de la suspensión "atendiendo a la presunción de legitimidad de las leyes y a la ponderación de los intereses perjudicados". En su argumentación menciona el reconocimiento del pluralismo político en la Carta Magna, la sentencia del TC sobre la declaración de soberanía del Parlament, dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Macedonia, las 99 consultas celebradas países de Europa, encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre "la alarmante desafección de la ciudadanía" y las recientes manifestaciones en Cataluña.

"Independientes"

Los recursos remarcan que la consulta tiene carácter consultivo y por sí sola no conlleva consecuencias, y precisa que las actuaciones que se pudieran llevar a cabo después por parte del Parlament u otras instituciones serían "jurídicamente independientes y no concatenadas a la propia consulta".

Similares son los recursos del Parlament, que incide también en "los perjuicios de muy difícil reparación" y reclama al Constitucional que no agote los cinco meses de plazo. No se sabe si el Tribunal Constitucional estudiará en el próximo Pleno fijado para el martes de la semana que viene estas peticiones para levantar la suspensión de la consulta soberanista.

Simultáneamente, el Parlament designó ayer a los miembros de la Comisión de Control del 9N -el equivalente a una Junta Electoral-, pese a que el Constitucional suspendió cautelarmente la ley de Consultas. PSC, PP y C's se negaron a votar alegando que se desoye la resolución del tribunal.

Los grupos soberanistas defendieron que la propuesta del Parlament es "provisional" y no es ejecutiva hasta que el presidente Artur Mas firme el decreto de nombramientos. En cambio, PSC, PP y C's votaron en contra de que se debatiese la norma al entender que supone saltarse la suspensión cautelar de la ley de Consultas y alertaron de las consecuencias legales.

Los siete miembros de la Comisión de Control son: Mercè Barceló i Serramalera, Joaquim Brugué Torruella, Alfons González Bondia, Miquel Martin Casals, Marc Marsal Ferret, Jordi Matas Dalmases y Benet Salellas Vilar.

"Presionar"

Por último, Artur Mas se reafirmó en su plan para consultar a los catalanes y abogó por "presionar" al TC para que levante la suspensión cautelar del referéndum, pero sin caer en la "desobediencia civil". "No rectificaré en la voluntad de que el pueblo catalán vote su futuro" mientras en el proceso haya "movilización social", "pulcritud democrática", "actitud pacifica" y unidad política, afirmó. Mas añadió que ahora no está en el escenario la desobediencia civil y advirtió de que "no siempre ha llevado a la victoria". El President convocó para mañana a los líderes soberanistas para acordar una respuesta conjunta ante la suspensión cautelar decretada por el TC tras consultarles en el día de ayer.