Víctimas del terrorismo han denunciado la "dejación" del Estado de derecho para hacer justicia, ya que tienen que ser ellas las que impulsen ante la Fiscalía las investigaciones de los crímenes de ETA sin resolver o las denuncias de actos de enaltecimiento del terrorismo.
Convocadas por el colectivo de víctimas del País Vasco, Covite, Josu Puelles, hermano de Eduardo Puelles, asesinado por ETA, Ana Iribar, viuda de Gregorio Ordóñez, también fallecido a manos de esta banda, y Laura Martín, viuda de Juan Carlos Goena, a quien mató el GAL, han coincidido en esta apreciación en una mesa redonda sobre "El papel de las víctimas en la recuperación de la dignidad".
Falta de implicación, dejación y despiste son las palabras con las que los tres intervinientes han definido la actuación del Estado de derecho, que no está haciendo justicia -hay más de 300 crímenes de ETA sin resolver, han recordado- ni devolviendo la dignidad a las víctimas.
"El dolor jamás desaparecerá sin justicia. Un final de terrorismo sin justicia es un final indigno para las víctimas", ha sentenciado Laura Martín, aún "obsesionada" por saber lo que ocurrió en el asesinato de su marido.
Desde ese convencimiento, Martín ha asegurado que hoy son las víctimas las que reactivan las investigaciones de los atentados y viajan por Europa para "contrarrestar la propaganda de los amigos de tiro en la nuca".
Hacen, en suma, un trabajo que corresponde a los poderes públicos e instituciones demócratas, que tienen una responsabilidad que "no están poniendo en práctica", ha añadido Martín, "profundamente desolada" por los asesinatos sin resolver y por el olvido de las familias de las víctimas de "los años del plomo", cuando ETA asesinó a decenas de policías y guardias civiles.
Años de "indiferencia" de la sociedad vasca y de un silencio con el que se ha legitimado a ETA, ha dicho Martín antes de censurar a las instituciones que "blanquean" a los "amigos del tiro en la nuca" y que "eximen a esas mentes enfermas -en alusión a la izquierda abertzale- de las deudas que deben asumir después de haber apoyado el terror".
Josu Puelles, por su parte, ha reprochado la dejación de los gobiernos en la aplicación del Estado de derecho "allí donde precisamente el derecho se está conculcando a muchos ciudadanos".
Puelles ha considerado que aunque ETA ha dejado de matar, la amenaza "persiste" en el País Vasco, donde muchas personas todavía no pueden expresar sus ideas y donde el Estado de derecho "no se aplica con la contundencia con la que se debería".
Ha instado al colectivo de víctimas a seguir intentando que la sociedad se percate de que "está en peligro la libertad, la democracia y el Estado de derecho", y se ha preguntado por qué tienen que ser ellas y no el propio Estado quienes tengan que pedir a los tribunales internacionales que los asesinatos de ETA sean consideradas crímenes de lesa humanidad y no prescriban.
Y ha sido contundente al afirmar que el final dependerá de si España tiene detrás un gobierno que no le dé "ni agua" a todo el nacionalismo, sea del signo que sea.
Mientras, Ana Iribar ha criticado los "absurdos" borradores del plan de paz del Gobierno vasco y la ley de solidaridad de víctimas del terrorismo del Ejecutivo central, que no están "por encima de la dignidad", ha indicado.
Se ha referido al nacionalismo vasco, tanto el del PNV como el abertzale, que "no tienen legitimidad para manosear" la dignidad de las víctimas, y ha dicho que "por mucho que pidan el desarme de ETA, lo único que quieren es resolver su situación y lavar su responsabilidad de todos estos años".
"Al diablo con sus discursos fariseos", ha continuado Iribar, quien ha arremetido contra el Gobierno vasco por contratar al "sacacuartos" de Jonan Fernández, que fue "negociador" con ETA, para "escribir un plan de paz" cuando es "corresponsable" de la historia del terrorismo.
Ni Fernández ni el Gobierno Vasco, ha augurado, escribirán el final de ETA, y sí lo harán futuras generaciones "más ecuánimes y más generosas" desde y en las páginas de la justicia.
