El juez reta al fiscal a querellarse contra él por prevaricación si "cree lo que escribe"

El magistrado expresó su repulsa y hartazgo por las continuas descalificaciones de Horrach contra él a raíz de sus discrepancias sobre la incriminación de la infanta, unas diferencias que, según el juez, deberían de haberse zanjado con argumentos jurídicos y no con graves insultos.

El instructor del caso Nóos barajó el jueves, cuando se hizo público el ácido escrito del fiscal contra él, devolver el recurso a Horrach con el encargo de que depurase las expresiones injuriosas. El recurso de anticorrupción se presentó directamente en apelación ante la Audiencia de Palma, sin pasar por el escalón previo de la reforma ante el propio instructor.

Castro se veía así privado de la posibilidad de defenderse ante las diatribas de la fiscalía por lo que tenía tres opciones: echar para atrás el escrito y solicitar una nueva redacción respetuosa, guardar silencio o expresar su opinión ante la prensa.Ayer por la mañana, tras meditarlo a conciencia, optó por la última salida. El juez expresó su "total respeto" ante las "discrepancias técnicas (jurídicas) que la fiscalía plantea contra la imputación de doña Cristina".

Castro también quiso dejar claro que resultan "intolerables" "las expresiones que exceden claramente del ámbito de la legítima crítica y defensa de las propias posiciones procesales para entrar de lleno en la desconsideración y descalificación personal del juez".

Periodistas, jueces y ciudadanos en general interpretan que Horrach acusa a Castro de prevaricar, al encausar a la infanta sin fundamentos legales, investigarla a fondo para ver si le encuentra alguna infracción, descartar pruebas a su favor, actuar por afán de protagonismo, hacer una instrucción "a la carta" y desoír los informes de Hacienda.

Desde la fiscalía mallorquina se negó ayer que se haya llamado prevaricador al juez. No opina lo mismo Castro: "Si la fiscalía piensa lo que dice de mí en sus escritos que interponga una querella por prevaricación, algo que ya tenía que haber hecho". No fue un desafío del magistrado, porque sabe que nunca la fiscalía general del Estado va a emprender acciones penales contra él, se trata de un mecanismo de defensa ante ataques indiscriminados e injustos. Una querella contra el juez del caso Nóos a estas alturas de la instrucción supondría dinamitar todo el trabajo de investigación de los últimos cuatro años.

Castro recordó que el escrito de Horrach del jueves no es el primero donde se vierten descalificaciones contra él, aunque quizás sí sea el más duro. El fiscal ha cargado ya al menos en cuatro ocasiones contra él. Horrach rompió su amistad con el magistrado cuando éste decidió citar a la infanta como imputada por su supuesto papel de gancho en el caso Nóos en abril del 2013.

Algunos jueces de Palma, entre ellos el decano de los juzgados unipersonales, Francisco Martínez Espinosa, expresaron ayer su apoyo al instructor del caso Nóos frente a las diatribas del fiscal. Estos magistrados propusieron la convocatoria de una junta extraordinaria de jueces para analizar la cuestión y emitir un comunicado de respaldo a su compañero atacado. Al parecer, la idea no cuajó a instancias del propio agraviado, que no quiere prolongar la polémica.

Para el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en sus andanadas contra la decisión del juez José Castro de imputar a la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo, su subordinado "se limita a discrepar respetuosamente" del instructor. "El juez ha cambiado de criterio y lo respetamos" y Horrach "puede reflexionar en el sentido de entender que la falta de apoyatura jurídica del auto del señor Castro se puede basar, dicho sea con todo el respeto, en conjeturas", un comentario que Torres-Dulce valoró como "una apreciación del fiscal".

El fiscal del Tribunal Supremo Manuel Dolz explicó ayer que la infanta podría no sentarse en el banquillo aunque la Audiencia de Palma confirmara su imputación en caso de que se aplica la "doctrina Botín". En ese caso, no es posible abrir juicio oral cuando solo lo pide la acusación popular, y sin que lo soliciten la fiscalía o la acusación particular,la Abogacía del Estado, en representación de Hacienda. Dolz señaló que ese criterio fue "matizado" por la "doctrina Atutxa" y habrá que "barajarlos" si la Audiencia de Palma finalmente confirma en su integridad el auto del juez Castro. En este caso, ni elfiscal ni la Abogacía del Estado piden juicio oral contra la infanta.