La Comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer con los votos del PP la reforma legal para incluir entre los aforados a don Juan Carlos y doña Sofía, además de a la Reina Letizia y a la Princesa de Asturias, con el fin de que solo puedan ser enjuiciados por el Tribunal Supremo.

Se ha dado así luz verde a dos enmiendas presentadas por PP, UPN y Foro Asturias a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ya estaba en tramitación. PSOE y CiU se abstuvieron, mientras que Izquierda Plural, UPyD y PNV votaron en contra.

El PP se vio forzado a convocar para mañana un pleno extraordinario, tras el ordinario ya previsto, para aforar a don Juan Carlos. Además, quedó rechazado el recurso contra la tramitación del proyecto de IU, que alegó que no se ha respetado el plazo de 48 horas tras ser presentadas el viernes las enmiendas aprobadas ayer en la comisión.

El Senado baraja las fechas del 9 y 10 de julio para la aprobación definitiva del proyecto. Paralelamente, la Audiencia Nacional decidía ayer aplazar a primeros de julio la deliberación del recurso ante el archivo de una querella contra don Juan Carlos, basada en un libro sobre el papel del Rey abdicado en el golpe del 23-F. Asimismo, la Audiencia de Madrid mantiene la vista de una demanda de paternidad en la que el demandante dice tener una prueba de ADN.

Las enmiendas aprobadas ayer en comisión explican que es necesario prever el régimen que debe aplicarse al exjefe del Estado y a su consorte en relación con las actuaciones procesales que les puedan afectar teniendo en cuenta "la dignidad de la figura de quienes han sido Reyes de España". Además, establecen que los tribunales que tuvieran procedimientos contra los nuevos aforados deberían suspender su tramitación y remitirlos inmediatamente al Tribunal Supremo.

El portavoz popular José Miguel Castillo calificó de "oportuno y necesario" el aforamiento de don Juan Carlos por la "impagable deuda de gratitud" con el que ha sido monarca "de todos los españoles" durante casi cuarenta años e impulsor de la democracia y de la concordia de todos para una convivencia en paz. El PP aclaró que cuando el Gobierno remita en octubre la reforma global de la Ley Orgánica del Poder Judicial se podrá estudiar la situación de los casi diez mil aforados que hay en España.

El PSOE censuró las formas y el procedimiento del PP para sacar adelante esta regulación, "sin ningún tipo de consenso" y forzando plazos. Los socialistas comparten el aforamiento de la Familia Real, pero rechazan el procedimiento. CiU advirtió que las "prisas" no hacen ningún favor a la monarquía.

Gaspar Llamazares (IU) dijo que supone el "blindaje" que traslada una imagen de que hay algo que ocultar. A su juicio, es el tercer acto "exprés" y "sumarísimo" de la "operación Gatopardo", tras la abdicación y la proclamación de Felipe VI.

También UPyD rechazó el fuero "plus" del Rey abdicado porque supone "un privilegio" vitalicio. Para el PNV se está levantando una sombra de sospecha en la ciudadanía sobre si se está hablando de "una figura con un perfil delincuencial". Amaiur dijo que se trata de blindar "negocios y correrías" de don Juan Carlos.

En la cámara alta, el senador de IU Jesús Iglesias arremetió contra "este beneficio personal" y acusó al gobierno de "sentar la bases de un esperpento". "Esto no tiene sentido", dijo el presidente Rajoy, quien defendió el aforamiento por "razonable, justo y sensato".

Las asociaciones judiciales están divididas. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura es contraria a suprimir el aforamiento de jueces y fiscales frente a otras que abogan por reducirlo al máximo.