Las asociaciones Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han emitido un comunicado conjunto crítico con el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por el Gobierno en el que denuncian que ataca la independencia de los magistrados.

En concreto advierten de que la jurisprudencia vinculante y las directrices de obligado cumplimiento que recoge la reforma "terminarán definitivamente con la independencia judicial, sometiéndola a los otros poderes del Estado".

Añaden que "puede transmitirse a la sociedad la idea de que los jueces resuelven los casos bajo el dictado y la autoridad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en último término del Gobierno que incide en el nombramiento de la mayoría de los vocales de este órgano".

Por otra parte, discrepan con que se aumente el número de aforados "en lugar de proceder a la eliminación de muchos de ellos, como sucede en la gran mayoría de países europeos".

Al respecto, a juicio de estas organizaciones "cualquier modificación legal que se pretenda realizar para que se acuerde un aforamiento a favor del Rey tras su abdicación no puede ser utilizada para legitimar y acelerar un reforma claramente perjudicial en su conjunto para la independencia judicial".

Asimismo, coinciden con lo indicado en el informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo a este anteproyecto respecto a que la reforma "dificultará la actuación de la jurisdicción criminal y no favorecerá la persecución de los delitos de corrupción, dando una respuesta penal todavía más tardía que en la actualidad".

Estiman que la reorganización recogida en el anteproyecto, con la demarcación provincial y la supresión de los partidos judiciales aleja a los ciudadanos de la justicia.

También lamentan la "limitación de la libertad de expresión de los jueces y de las asociaciones judiciales", que la consideran "gratuita, innecesaria y sin justificación razonable", y que a su entender "refleja el deseo del legislador de un poder judicial silencioso y acrítico, públicamente inexistente y alejado de la ciudadanía".

Las tres asociaciones judiciales coinciden por último en señalar que "se procede a la supresión absoluta de la democracia interna y de la participación de los jueces en la elección de sus órganos de gobierno, con la configuración de un sistema presidencialista, jerarquizado y controlado por el CGPJ".