La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez de los ERE, Mercedes Alaya, que cite a declarar como imputados por prevaricación, falsedad y malversación a varios altos y exaltos cargos de la Junta y a dirigentes de CC OO y UGT en relación con la ayuda de más de 22 millones de euros otorgada por la Junta de Andalucía a la multinacional tabaquera Altadis para financiar prejubilaciones en el marco del expediente de regulación de empleo ejecutado en el año 2005. En total, se pide a Alaya que cite como imputadas a once personas.
En otro de los escándalos andaluces más sonados, el caso del presunto fraude en los fondos de formación para desempleados en Málaga, el fiscal ha solicitado que declaren como imputados funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las subvenciones, así como los responsables de las entidades en las que se detectaron irregularidades.
Contabilidad B
En el plano nacional, el exviceconsejero y exdiputado de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente Aguado y el exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote negaron ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz haber recibido pagos de la trama Gürtel que aparecen en la contabilidad B intervenida a la red mafiosa vinculada al PP.
Según fuentes jurídicas, Clemente negó la percepción de unos 16.000 euros que se le atribuyen en la contabilidad incautada a la trama. Gürtel. A Galeote, hermano del exdiputado del PP Gerardo Galeote, se le atribuye el cobro de unos 42.500 euros, que también negó.
Según varios informes policiales, Galeote pudo haber cobrado 42.469 euros de la red Gürtel entre 2001 y 2003 cuando era gerente de la empresa municipal Turismo y Actividades Recreativas Estepona S.L.
También se le ha preguntado por la compra de cinco apartamentos por parte del presunto número dos de Gürtel, Pablo Crespo.
