El juez Pablo Ruz ha constatado gracias a los últimos informes de Hacienda y de la UDEF que el PP pagó con dinero negro parte de las obras de reforma de su sede de Génova, tal como reflejan los "papeles de Bárcenas".

El juez de la Audiencia Nacional cree que estos trabajos de remodelación, acometidos entre 2005 y 2011, pueden ser constitutivos de un delito de fraude fiscal, otro de falsedad documental y un tercero de falsedad contable.

Así consta en un auto dictado ayer en el que cita a declarar como imputados, el próximo 7 de julio, a la socia y tres antiguos trabajadores de Unifica Servicios Integrales, que llevó a cabo los trabajos. Se trata de Belén García, socio del director gerente de la empresa, Gonzalo Urquijo; Laura Montero, que fue directora de Proyectos de Unifica; María Rey, jefa de la obra, y Claudio Montero, jefe de Proyectos en 2008.

Ruz se basa para ello en un informe de la Agencia Tributaria y otro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que certifican que el PP pagó una parte de las obras con dinero negro que podría corresponderse con los apuntes de 888.000 euros que Bárcenas anotó en su contabilidad B como salidas para Urquijo.

Los dos informes vienen a constatar, según el juez Ruz, "la realidad de los apuntes contables" consignados por Bárcenas en relación con las obras del PP y su carácter delictivo, ya que "en algunas plantas del edificio las obras se iniciaron sin existir presupuesto aprobado por ambas partes y en otras ocasiones el presupuesto presentado en el Colegio de Arquitectos no coincidía con el supuestamente acordado entre el Partido Popular y Unifica".

Por otro lado, el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y Carmen Rodríguez Quijano, exmujer del presunto cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, se negaron ayer a declarar ante Ruz.