Los constitucionalistas consultados por FARO ponen peros a la tramitación de la abdicación del Rey mediante una ley orgánica "ad hoc", que deberá ser sometida al voto de diputados y senadores en las Cortes, y critican abiertamente que, tras 36 años de vigencia de la Constitución, no se hubiera desarrollado un marco legal para la Jefatura del Estado.
"Es cierto que esto tenía que haber estado perfectamente regulado", subraya Ramón Punset, catedrático de Derecho Constitucional.Francisco J. Bastida, también catedrático de Derecho Constitucional, ya puso de manifiesto su desacuerdo con la tramitación: "Si la ley, con un escueto artículo único, no tiene más objeto que formalizar la abdicación del Rey, no se entiende qué intervención pueden tener los diputados y los senadores, más allá de certificar que el Rey abdica por voluntad propia", afirma Bastida.
