El Gobierno aún no ha decidido cómo va a regular el aforamiento de Juan Carlos I cuando el próximo día 18 el Príncipe de Asturias sea proclamado rey y el actual monarca pierda la inviolabilidad inherente a su cargo, según admitieron ayer fuentes gubernamentales.
El asunto no carece de importancia, ya que en los tribunales de justicia hay algunas querellas contra el Rey que no han podido prosperar por ser su figura inviolable. De hecho, ayer mismo, el partido Soberanía amplió la querella que, meses atrás, interpuso ante la Audiencia Nacional contra el monarca y en la que lo acusa de participar en la trama civil del 23-F. Soberanía pretende que el órgano judicial tenga en cuenta que el monarca habrá perdido la inviolabilidad cuando se consume su abdicación.
La querella, sugerida por hechos relatados en el libro de Pilar Urbano "La gran desmemoria", fue rechazada a principios de mayo por el magistrado Santiago Pedraz, quien, por un lado, negó que los acontecimientos narrados en el libro constituyan delito de rebelión y, por otro, recordó que la figura del Rey "es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".
El abogado querellante, José Luiz Mazón, amplía también la querella para que se investigue la relación de los exdiputados Enrique Múgica (PSOE) y Ramón Tamames (IU) con el golpe. Tamames, diputado por IU entre 1986 y 1989, era el 23-F teniente de alcalde de Madrid en representación del PCE.
El Ejecutivo está trabajando, además, en un Real Decreto que regulará el tratamiento que se le dará a don Juan Carlos cuando deje de ser rey. Fuentes gubernamentales no quisieron adelantar el contenido de la norma, aunque precisaron que hay modelos recientes en otras monarquías europeas, donde también se han producido casos de abdicaciones.
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Tras la proclamación del Príncipe de Asturias como Felipe VI, la nueva Familia Real quedará limitada a don Felipe y la Reina Letizia, así como a sus hijas Leonor y Sofía, además de los actuales reyes. En consecuencia, las infantas Elena y Cristina dejarán de ser miembros, y pasarán a ser simplemente familiares del Rey Felipe VI, como hoy lo son las infantas Pilar y Margarita, hermanas de don Juan Carlos.
La hoy infanta Leonor pasará a tener el tratamiento de Princesa de Asturias y demás títulos vinculados a la heredera de la Corona, mientras que la hija menor de don Felipe y doña Letizia, Sofía, seguirá siendo infanta.
Uno de los efectos prácticos de este cambio es que las actividades de las hermanas del Príncipe ya no estarán incluidas en la agenda institucional de la Casa del Rey, donde doña Elena (no así doña Cristina, sin actividad oficial desde hace noviembre de 2011) tiene asignados sus propios actos.
En cuanto a las tareas que podrá desempeñar don Juan Carlos tras la proclamación de su hijo como nuevo Monarca, las fuentes de la Casa Real explican que, como establece la Constitución, tendrá que ser Felipe VI quien las determine, así como la dotación económica que recibirá.
La Carta Magna también recoge que será el jefe del Estado "nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa", algo que corresponderá hacer a don Felipe en cuanto sea proclamado rey.
