El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, ha afirmado ante el juez José Castro que si la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), que él preside, contrató al Instituto Nóos para organizar tres foros sobre eventos deportivos fue solo porque esa entidad estaba presidida por Iñaki Urdangarin.

De hecho, inicialmente estaba previsto que se celebrasen cuatro cumbres Valencia Summit de 2004 a 2007 pero solo se llevaron a cabo los tres primeros porque en el último año ya no iba a participar el duque de Palma, ha explicado.

Según fuentes jurídicas, en su declaración, Grau ha incidido en que la FTVCB es una entidad privada que no tiene que someterse a los controles de contratación propios de las administraciones públicas y ha señalado que se sumó a un proyecto que había pactado con Nóos el entonces secretario autonómico de Eventos, Luis Lobón, a través de la sociedad gestora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa).

El vicealcalde ha asegurado al juez Castro que fue Lobón quien pactó el coste de los Valencia Summit con Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarin, y que todos los intervinientes en los convenios eran plenamente conscientes de que el yerno del Rey era uno de los promotores de las cumbres y por eso las organizaron.

Grau ha llegado a las 10.30 horas a los juzgados de Palma para declarar como imputado ante el juez del caso Nóos, José Castro, en relación a los convenios para que el instituto que dirigía Iñaki Urdangarin organizara los foros Valencia Summit en 2004, 2005 y 2006.

Grau ha bajado la rampa de acceso a la sede judicial de la capital balear ante la decena de periodistas congregados para seguir una jornada de declaraciones que se completará con el testimonio de un empresario sobre la supuesta transferencia de 12 millones de euros de Telefónica que, según él, iba dirigida a Iñaki Urdangarin.

El edil valenciano, citado para las 11.00 horas, ha llegado al mismo tiempo que el juez Castro, que ha entrado al patio de los juzgados en moto.

Castro considera que "existen indicios fundados de criminalidad" en los convenios suscritos entre el instituto que presidía Iñaki Urdangarin, la FTVCB y la Ciudad de las Artes y las Ciencias SA para celebrar dichas jornadas.

El juez basa esos indicios en las declaraciones prestadas por varios testigos en esta causa los pasados 11 y 12 de abril en Valencia y también en unos informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre la naturaleza jurídica de la FTVCB y la aplicación a dicha entidad de la Ley de Contratos de la Administración Pública en el momento de los hechos.