El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró ayer que el ministerio público será "muy activo" a la hora de perseguir las injurias, las amenazas, los insultos racistas y la apología de los crímenes y del genocidio a través de las redes sociales, y todo ello después de que el Gobierno pidiese a la fiscal de Criminalidad Informática su colaboración para "limpiar la red".

Los brutales mensajes lanzados a través de la red social Twitter tras el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, movieron al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a hablar incluso de una reforma legal, aunque ahora este departamento está más preocupado de implementar y articular los medios necesarios para perseguir este tipo de mensajes.

Los expertos en Derecho Penal y los abogados especializados en nuevas tecnologías consideran que hay un marco legal suficiente en nuestro país para castigar este tipo de infracciones, aunque quizá faltan medios para perseguirlos debido a que se cometen de forma masiva, opaca, inmediata y muy fluida. Pero mensajes como los lanzados por Twitter contra los judíos tras la derrota del Real Madrid ante el Macabbi de Tel Aviv , en teoría, podrían castigarse con penas de hasta tres años de cárcel.

Máximo rigor

Torres-Dulce garantizó que serán "muy activos" en perseguir este tipos de delitos en la red porque afectan "a todo aquello que puede distorsionar la convivencia" y actuarán con el "máximo rigor y prudencia" a la hora de combatir la apología de crímenes y del genocidio en las redes sociales.

El anuncio de Torres-Dulce llega después de que entidades judías de toda España presentaran el pasado martes una denuncia ante la Fiscalía para que investigue a más de 17.000 usuarios de Twitter por los comentarios antisemitas, en su mayoría apologías del Holocausto, publicados tras la victoria del Maccabi de Tel Aviv ante el Real Madrid en la Final a Cuatro de baloncesto.