La juez de los ERE, Mercedes Alaya, remitió al Senado el auto de imputación de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán en virtud del principio de "necesaria colaboración entre poderes públicos", pese a que la secretaria judicial cuestionó que no se pidiera a través del Tribunal Supremo.
Además, la instructora volvió a imptuar a los exdirectores de Presupuestos de la Junta Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, cuya primera imputación fue anulada por la Audiencia por "falta de concreción", y les acusa ahora del "oscurantismo e ilegalidad" de las ayudas.
La juez repite textualmente la imputación a ambos ex altos cargos que les fue "leída detenidamente" con motivo de su declaración como imputados en septiembre de 2013 y añade ahora los argumentos de la Cámara de Cuentas de Andalucía y de la Intervención del Estado para culparles del "oscurantismo" e "ilegalidad" de las ayudas.
Alaya encausó además al secretario general estatal de la Federación de Industria, Textil, Química y Afines (Fiteqa) de CC OO, José Luis Montesinos, a quien acusa de haber organizado un "negocio bilateral" con la mediadora Vitalia a costa de las ayudas.
Montesinos, primer líder sindical de ámbito estatal que es imputado en los ERE, se acogió a su derecho a no declarar y la Fiscalía ha pedido para él una fianza civil de 12.234 euros, de los que su federación sindical sería responsable subsidiaria. Según la imputación leída por Alaya, Montesinos fue responsable de la inclusión en pólizas de rentas de "algunos miembros del sindicato o personas relacionadas con el mismo". A través de las sobrecomisiones que Vitalia cobraba a la Junta, la mediadora otorgaba "contraprestaciones o negocio bilateral" a los sindicatos, al ser estos "fuente de información".
