El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dado cinco días de plazo al PP para que aporte la totalidad de las escrituras que ha venido otorgando desde 2007 a favor del extesorero Luis Bárcenas para actuar en dicha condición y en la de gerente. Trata de acreditar la eventual "responsabilidad tributaria que pudiera alcanzar" la formación política.

En una providencia dictada este martes, Ruz realiza este requerimiento en relación, entre otras, con las diligencias acordadas en relación con un préstamo de 200.000 euros que se concedió por la sede central del PP para la compra y obras de ampliación de la sede del partido en La Rioja en junio de 2008 que, según Bárcenas, provenía de donativos recogidos por dicha sede regional, señalan fuentes jurídicas.

En su última declaración, Bárcenas sostuvo que no fue hasta marzo de 2010 cuando dejó de poder firmar en representación del partido y aseguró que podía demostrarlo porque después de la fecha que dijo Cospedal renovó la inversión que tenía el partido en letras del Tesoro en Banco Popular.

Según fuentes jurídicas, ese posible delito tributario del PP estaría también relacionado con el pago de 200.000 euros que se hizo supuestamente en B desde la sede central del partido a la de La Rioja para la compra y reforma de su nueva sede.

En esta misma resolución, Ruz pide también a la Agencia Tributaria que en el plazo de cinco días le remita las actuaciones que tenga sobre Unifica, la empresa que hizo las reformas de la sede de Génova, en relación al impuesto sobre sociedades e IVA en los periodos de 2008 y 2009.

Bárcenas explicó en su declaración del pasado jueves que buena parte de la reforma se pagó en negro -en su día habló de 888.000 euros-, lo que le supuso al arquitecto imputado Gonzalo Urquijo, director de Unifica, no pagar impuestos y a cambio se le pidió que le hiciera al PP un descuento del 8 por ciento.

El juez anuncia que una vez recibida esa documentación, que reclama a la Dependencia Regional de Inspección de la delegación madrileña de Hacienda, se le remita a los funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) para que emitan los informes oportunos y les permite además recabar información de la Base Nacional de Datos de la Agencia Tributaria.

Además ordena poner la última declaración prestada por Bárcenas, una vez transcrita, a disposición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, así como a las Unidades de Auxilio Judicial de la AEAT y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para su evaluación.

También acuerda incorporar la que prestó su mujer Rosalía Iglesias en el marco de la pieza principal del caso Gürtel a la de los papeles de Bárcenas "por cuanto la misma habría versado parcialmente sobre extremos que resultan objeto de la presente pieza separada".

Pone además a disposición de la IGAE el informe de la UDEF sobre el análisis de la contratación pública por parte de empresas vinculadas a los presuntos donantes que aparecen en los papeles de Bárcenas para que concluya el informe pendiente desde julio de 2013 sobre la comisión de un presunto cohecho.