El presidente del Congreso, Jesús Posada, devolvió ayer a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, los dos escritos que por orden suya fueron presentados por agentes de la Guardia Civil en la Cámara baja dirigidos a los diputados Manuel Chaves y José Antonio Viera en relación con el sumario.

"Parece obvio que este no es el procedimiento", aseguró Posada, que recordó que las requisitorias judiciales dirigidas al Congreso deben tramitarse siempre a través del Supremo. El presidente de la Cámara Baja insistió en que la juez utilizó un canal "erróneo" para trasladar a Chaves y a Viera esas dos comunicaciones. Posada explicó que los dos agentes de la Guardia Civil iban de paisano, pero armados, y que actuaron con total normalidad después de que se les firmara el recibí.

Al parecer los guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO) informaron de que entregaban los dos sobres en el Congreso porque no había sido posible encontrar a Chaves y Viera en su domicilio.

Además de devolver los sobres, Posada se dirigió al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, para comunicarle lo ocurrido. Y lo hizo tras escuchar las quejas del PSOE. Sin embargo, según fuentes socialistas, Posada prefirió plantear la posibilidad de enviar una "reflexión", que no queja, al presidente del Supremo, que a su vez lo es del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para recordarle que todo escrito sobre aforados del Congreso debe pasar por sus manos. Algo que Lesmes, obviamente, ya sabe, pero que puede dar pie a que el CGPJ se lo recuerde a Alaya.

También el Senado decidió devolver sin abrir a la instructora la documentación dirigida al senador José Antonio Griñán que Alaya remitió a la Cámara alta ante la imposibilidad de localizar al expresidente andaluz. La Mesa del Senado tomó esta decisión al entender que el camino elegido por Alaya para hacer llegar la documentación al senador "no es correcto", según explicó el presidente de la Cámara Alta, Pío García-Escudero.

Además, como en el caso de la Cámara Baja, la Mesa del Senado acordó que el presidente se dirija al presidente del Supremo para trasladarle lo sucedido. Chaves se preguntó si el hecho de que la juez haya enviado directamente al Congreso, y no a través del Supremo, una notificación sobre su condición de diputado es "una ocurrencia, un desprecio al Congreso o una provocación para llamar la atención". Y Griñán afirmó que coincide "plenamente" con la decisión del Senado de devolver a la instructora la documentación dirigida a la Cámara Alta, por ser procedimiento adecuado.

Por otro lado, el diputado Viera otorgó, siendo consejero de la Junta andaluza, ayudas por valor de 32.670.702 euros a un grupo de empresas de la Sierra Norte de Sevilla en el que trabajaba su hija Sonia, según un atestado de la Guardia Civil que le imputa dar subvenciones por "afinidad política".