El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que restringe los aforados a la vez que extiende esta condición a la Reina y a los Príncipes para que solo puedan ser juzgados por el Tribunal Supremo. Con el fin de poner coto los jueces estrella, las instrucciones en la Audiencia Nacional serán realizadas por tres magistrados en lugar de uno como hasta ahora. El anteproyecto prevé la supresión de los jueces de paz, tribunales y otras instancias funcionarán en agosto para algunos asuntos y el Consejo General del Poder Judicial podrá ordenar a los medios de comunicación que dejen de informar sobre un magistrado que vea perturbada su independencia. Dicho magistrado podrá presentar denuncia por delito contra la administración de la justicia en caso de que esa orden no fuera respetada.

Entre las principales novedades, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial plantea que las instrucciones de cualquier causa que realice la Audiencia Nacional sean llevadas a cabo a la vez por tres jueces en lugar de solo por uno, como ocurre ahora en todos los casos. Con esta medida, se pretende elevar el "umbral de garantías", "diluir la presión sobre el juez único favoreciendo la corresponsabilidad" y "promover la agilización del proceso", explicó Gallardón.

El objetivo de este cambio es acabar con los jueces estrella, lo que no afectará a la instrucción de los grandes casos de corrupción como Gürtel, Bárcenas, los falsos ERE, ni ralentizará la toma de decisiones, según dijeron ayer fuentes del ministerio. El articulado de esta reforma también introduce que serán aforados ante el Tribunal Supremo la Reina consorte, el consorte de la Reina y los Príncipes de Asturias. Gallardón afirmó que no tiene ningún sentido que un ministro esté aforado ante el Supremo y que el Príncipe heredero o la Reina no. "Era una disfunción que carecía completamente de sentido", recalcó. Los aforados se restringen a los que establece la Constitución y los estatutos de autonomía y cuando dejen el cargo seguirán siendo enjuiciados por el tribunal en el que estaban aforados.

El anteproyecto de ley, que ahora será remitido a los órganos consultivos del Estado, persigue agilizar la justicia y reducir los tiempos de resolución con tres medidas principales. Se tratan de la reorganización de los tribunales a través de la puesta en marcha de los tribunales provinciales de instancia, una mayor especialización judicial y una reducción de la litigiosidad mediante la seguridad jurídica que proporcionará la jurisprudencia vinculante del Supremo. Gallardón subrayó que el texto refuerza al alto tribunal al establecer el carácter vinculante de su doctrina jurisprudencial para las instancias inferiores. Con ello se pretende un descenso de la litigiosidad dado que los demás tribunales tendrán que aplicar la jurisprudencia del Supremo y "nadie se mete en un pleito si la respuesta del tribunal va a ser negativa", dijo.

El texto también incluye una nueva regulación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que implica que cualquier asunto podrá llegar al alto tribunal. La reforma suprime las categorías judiciales y establece que todos los titulares del Poder Judicial serán jueces -magistrado será un nombre honorífico- para ahondar en una mayor flexibilidad en la movilidad de los jueces, quienes serán sometidos a pruebas psicológicas para ejercer.