Cinco años después de su apertura del caso en los tribunales, la justicia sigue tratando de desentrañar la gran madeja de la corrupción que se esconde tras la etiqueta de Gürtel. Con paso lento, lentísimo, se tira de un hilo que no parece tener fin y en el que están enredadas, imputadas, casi 200 personas -gran parte de ellas miembros en su momento o todavía hoy del Partido Popular-, y del que cuelgan otras causas derivadas o quizás algo más que eso, como el llamado caso Bárcenas.
El sumario, inmenso, aborda el que se erige ya como el mayor caso de corrupción política en España. La aparición de sucesivos nombres de personas aforadas complica aún más el proceso, que en la Audiencia Nacional, bajo la instrucción del juez Pablo Ruz, se ha troceado en 25 causas instrumentales.
El caso Gürtel surgió en el momento en el que José Peñas, exconcejal del PP de Majadahonda, entregó en el juzgado una serie de grabaciones de Francisco Correa, empresario y presunto cabecilla de la trama, que parecen poner de manifiesto la existencia de una red de corrupción con políticos implicados.
La magnitud del caso Bárcenas, aparentemente derivado de la causa principal, que ha tenido en vilo al Partido Popular durante los últimos meses por las sospechas de sobresueldos entregados como dinero negro, es sólo un ejemplo de la dimensión del caso, que además, arroja sombras sobre la financiación del partido.
La mayor parte de la trama irrigaba, al parecer, estructuras de poder consolidadas por el PP en Madrid o en la Comunitat Valenciana, aunque no son las únicas regiones donde la red de corrupción extendió sus tentáculos.
Según los últimos datos aportados por la Policía, la trama Gürtel entregó dinero a numerosos cargos del PP, también, por supuesto, a nivel nacional.
Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) sobre los movimientos de la caja B de la red calcula que manejó más de 25 millones de euros en dinero negro desde sus comienzos en 1996 hasta su desarticulación en 2009.
En ese informe, fechado el 31 de enero y al que ha tenido acceso Efe, la UDEF analiza el pendrive que le fue intervenido a José Luis Izquierdo, presunto responsable del control de la citada caja B, en el registro de las oficinas principales del conglomerado empresarial de la trama Gürtel en la calle Serrano 40, el 6 de febrero de 2009.
La UDEF ha calculado el dinero que ha circulado por esa caja B a partir de los apuntes que constan en los archivos informáticos extraídos de ese pendrive y ha estimado que los movimientos de efectivo registrados en el periodo de tiempo comprendido entre 1996 y 2009 asciende a 25.570.757,84 euros, siendo los años de mayor abundancia: 2007 (6.037.740,21), 2006 (4.076.513,04) y 2002 (3.894.167,37).
Contratos de las Administraciones
Según la UDEF, de 2002 a 2004, la principal fuente de ingresos eran las aportaciones de las sociedades de servicios de la trama debido al elevado número de contratos adjudicados por las Administraciones Públicas y a los eventos realizados para el Partido Popular.
También, la recepción de comisiones por la intermediación en operaciones de naturaleza urbanística, así como de contratación de servicios públicos e infraestructuras.
En lo que se refiere a 2007 las entradas más importantes procedían de la caja B de Orange Market que obtenía esos fondos de la adjudicación de contratos públicos y en la prestación de servicios al PP en la Comunitat Valenciana.
Las principales fuentes de recursos derivan por tanto de la transformación de fondos obtenidos de actos realizados por las sociedades de eventos que forman parte de la trama (Special Events u Orange Market) y derivados en su mayor parte de adjudicaciones públicas en las que no se han garantizado y cumplido "los principios que rigen la contratación administrativa".
También, "de la recepción de cantidades con origen en el reparto de comisiones pagadas por entidades adjudicatarias de contratos públicos donde ha intervenido la organización en calidad de intermediario para dirigir los concursos".
Este sistema de ingresos, añade la UDEF, es una constante en el periodo objeto de investigación, de forma que existen entradas por cobros derivados de actos para la formación política desde 1999, así como una persistencia en el pago de comisiones por parte de entidades adjudicatarias de contratos públicos como es el caso de Constructora Hispánica, que ya en 2001 le constan entregas de dinero a la organización.
Asimismo la aparición de personas políticamente expuestas (PEP's) y personas del medio político también es una constante en los apuntes de la caja B como receptores de contraprestaciones o como beneficiarios de regalos a cambio de favorecer los intereses de las sociedades de Correa para la obtención de contratos públicos de las Administraciones Públicas.
Bárcenas
Entre ellos, la UDEF menciona al extesorero del PP Luis Bárcenas, al ex consejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo o a los ex alcaldes de este partido en las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda (exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato); de Boadilla, Arturo González Panero o de Majadahonda Guillermo Ortega.
En otro de los cinco informes de la UDEF que han sido remitidos ahora a Ruz, se analiza la documentación incautada en la nave del polígono de Ventorro del Cano de Alcorcón (Madrid) que tenía la empresa vinculada a Gürtel Easy Concept.
Esos documentos prueban, según la UDEF, que distintas corporaciones locales y autonómicas de Madrid y de la Comunidad Valenciana fraccionaban los contratos públicos otorgados a las empresas de Correa en cantidades máximas de 12.020 euros para evitar la publicidad.
Actos para el PP
Indican además que una de las empresas de la trama, Special Events, organizó actos para el PP a nivel autonómico y nacional entre 1999 y 2004 que se abonaron con una "dinámica" en la que se incluía a cuatro fundaciones vinculadas a ese partido, entre ellas FAES.
La Policía explica que este método consistía en emitir por estos actos una serie de facturas que luego se anulaban, tras lo que se emitían unas nuevas facturas "ficticias", dirigidas esta vez a fundaciones vinculadas al PP, en las que se alteraba el concepto.
De ello resultaba que "una parte del coste de distintos actos llevados a cabo por el Partido Popular -destaca el informe- son finalmente asumidos por entidades vinculadas orgánicamente al mismo, tras una adaptación de los conceptos".
Estas entidades son, según la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), la Fundación Popular Iberoamericana, la Fundación Instituto de Formación Política y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid.
