La querella interpuesta por la familia del disidente cubano Oswaldo Payá, fallecido hace un año en un accidente de tráfico en Cuba, asegura que fue un coche oficial conducido por agentes del Gobierno de ese país el que provocó el siniestro "de forma premeditada" y por lo tanto se trató de un "atentado".

La querella criminal, presentada por la defensa de la mujer y la hija de Payá esta mañana en la Audiencia Nacional y a la que ha tenido acceso Efe, achaca al teniente coronel José Aguilas, jefe de Instrucción de Delitos de Seguridad del Estado cubano, y al coronel Llanes, encargado de los delitos de la Seguridad del Estado, al menos un delito de lesa humanidad.

Narra que el 22 de julio de 2012 un vehículo oficial "de forma premeditada y deliberada" embistió al coche en el que viajaba Payá y que conducía el dirigente de Nuevas Generaciones Ángel Carromero, provocando que éste se saliera de la vía.

Como consecuencia del impacto fallecieron los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepeda Escalante y resultaron heridos Carromero y el sueco Jens Aron Mod.

"Aunque el plan consistiera en atentar contra la vida de las personas que viajaban en el vehículo, es evidente que, inherente a dicho fin y más importante, está la idea de acabar con el Movimiento Cristiano de Liberación" que lideraba Payá, señala la querella interpuesta por los abogados Francisco Andújar y Eduardo García Peña.

La denuncia relata que Carromero llegó a Cuba el 19 de julio 2012 acompañado por el sueco Jens Aron, miembro de la Juventud Demócrata Cristiana de Suecia.

Se trataba de un viaje, explica, de apoyo a la disidencia cubana que el Gobierno de la isla "supo de antemano", decidiendo "en un momento dado elaborar un plan para acabar con la vida" de los cuatro ocupantes del vehículo.

Explica que estas personas fueron en todo momento seguidas por las autoridades cubanas y que Payá advirtió a sus acompañantes de que recientemente había sido embestido mientras circulaba con su coche.

El día del accidente, las cuatro víctimas de este supuesto "atentado" se dieron cuenta de que eran seguidos por un coche blanco y luego por otro rojo que perdieron de vista.

Más adelante detectaron otro vehículo que identificaron como oficial porque su matrícula era azul y que, según la querella, iba "conducido sin duda alguna por agentes del gobierno cubano".

Este turismo, "de forma premeditada y deliberada y cumpliendo con el plan que ya había orquestado la autoridad, embiste fuertemente por detrás el coche" y lo hace "con tal virulencia" que provoca que Carromero pierda el control y se salga de la vía.

En la querella se mencionan mensajes de móvil enviados en ese momento por los ocupantes del vehículo a otras personas, en los que afirman: "Socorro, rodeado de militares" y "Ángel dice que alguien nos trató de sacar de la carretera".

La familia de Payá asegura que las autoridades decidieron entonces "convertir el atentado en un accidente, creando un proceso judicial ad hoc en el que nada responde a la realidad", por el cual Carromero fue condenado por homicidio imprudente, aunque en diciembre pasado fue enviado a España para que cumpliera la condena.

Carromero confesó en la isla que perdió el control del vehículo por imprudencia pero, según la querella, estas palabras fueron producto de la coacción a la que le sometieron las autoridades cubanas.

Los autores "directos" de estas coacciones, asegura la denuncia, fueron los dos militares querellados, quienes "de forma directa, deliberada y consciente" le comunicaron a Carromero lo que debía confesar y decir tanto en el juicio como antes del mismo, "amenazándole con el hecho de enfrentar penas mucho peores si se salía del guión".

Por estos hechos, los querellantes consideran a estos militares y a todas las personas que pudieran estar implicadas en el "atentado", responsables de un delito de lesa humanidad, que supone un "ataque generalizado o sistemático" contra un grupo de población, en este caso el Movimiento Cristiano de Liberación y sus apoyos.

En la querella se pide la declaración de varios testigos, entre ellos Carromero, Aron y la miembro de NNGG María Fuster, así como una comisión rogatoria a Cuba para que cite a declarar a los militares como imputados.

La mujer e hija del disidente, Ofelia Acevedo Maura y Rosa María Payá Acevedo, han presentado la querella acogiéndose a su derecho a hacerlo en virtud de la doble nacionalidad de Oswaldo Payá, y ahora se asignará un juzgado de instrucción por reparto, que deberá decidir si la admite a trámite.