Greenpeace ha cifrado en 140 millones de euros el gasto público del último año por "la mala gestión" de las costas españolas, según ha informado durante la presentación este jueves de un informe sobre la evolución de la construcción en los municipios del litoral.

Así, en el documento 'Destrucción a toda costa 2013', se desprende que la costa española, en la franja de sus primeros 500 metros, ha sido "destruida" a una velocidad de dos hectáreas diarias entre 1887 y 2005, lo que supone que el 23 por ciento del litoral está urbanizado, aumentando hasta el 43 por ciento en la vertiente mediterránea.

En concreto, la Comunidad Valenciana, las Baleares y las Islas Canarias son las comunidades que han destruido su costa más rápido durante ese periodo y destaca las provincias de Castellón o Valencia que, "durante los años de la burbuja inmobiliaria, ha urbanizado casi tres cuartas partes de su litoral".

La responsable de la campaña de costas de Greeenpeace, Pilar Marcos, ha señalado a Calp (Alicante), Calvià (Mallorca), Chiclana de la frontera (Cádiz), Cubelles (Barcelona), Oliva (Valencia), Orpesa (Castellón), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Sant Josep de sa Talaia (Ibiza), Vera (Almería) y Zierbena (Vizcaya) como los municipios "top 10" que "mayor tasa de destrucción" han registrado en estos 18 años.

Además, desataca que, actualmente, otras localidades como Finestata en Alicante, con la totalidad de su costa artificial, o Fuengirola (Málaga) con 95 por ciento contruído, están entre los que menos suelo natural tienen.

Por el contrario, el informe menciona a municipios como Ispaster (Vizcaya), Caravia (Asturias), Albuñol (Granada) o Fuencaliente (La Palma), con apenas un 3,2% de ocupación en la franja de los 500 metros, que se encuentran entre los 155 municipios que han construido menos en su primera línea de costa.

Así, Níjar (Almería), Almonte (Huelva), Cadaqués (Girona), Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) y Tarifa (Cádiz) son los cinco municipios con más porcentaje de suelo protegido. Sin embargo, en opinión de los ecologistas, muchos municipios, como Níjar o Tarifa, ven en la protección ambiental un escollo económico y promueven activamente la desclasificación de los espacios protegidos.

En este sentido, Marcos ha añadido que, "si continuara el nivel de construcción, en 2030, el Mediterráneo estaría cubierto al 100 por cien". Y, ha recordado que como no hay datos después de 2005, estas "previsiones son conservadores, pudiendo ser peores".

Ley de costas

Esta situación, ha recordado Marcos, se debe a la gestión que han hecho de su franja costera las autoridades locales por lo que ha pedido a los ayuntamientos que "no apliquen esta nueva ley", en alusión a la Ley de Costas, que perjudica, a su juicio, al medio ambiente.

Por su parte, la responsable de campañas de la ONG, Mª José Caballeros, ha sido tajante al referirse a la nueva Ley de Costas, que en lugar de atajar esta situación, "la fomenta", considerando "la costa como un solar para construir" por lo que han solicitado al Gobierno que la "derogue".

También, ha anunciado que este próximo otoño, denunciarán frente a la Comisión Europea que esta nueva normativa "infringe once Directivas europeas" y presentarán las 150.000 firmas ciudadanas que apoyan esta visión.