La Ley de Transparencia inició ayer su andadura parlamentaria después de que el Pleno del Congreso rechazara las enmiendas a la totalidad presentadas por Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y cuatro partidos del Grupo Mixto: ERC, BNG, Compromís-Equo y Amaiur, así como el texto alternativo de ERC.

Previamente, CiU y PNV retiraron sus enmiendas a la totalidad tras lograr que el Gobierno cediese en dos puntos del articulado. En primer lugar, aceptar que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no pueda sancionar a alcaldes o responsables autonómicos y que esas penalizaciones las impongan las administraciones correspondientes, respetando el actual marco competencial local y autonómico.

El proyecto de ley del Gobierno contemplaba la incoación de expedientes sancionadores por parte del ministerio, al que se facultaba incluso para destituir alcaldes. En su primera intervención en defensa del proyecto de ley, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha limitado a apuntar que al Ejecutivo "le preocupa" que se "sancionen" y "persigan" los incumplimientos de las normas de buen gobierno, pero "no tanto quien lo haga".

Con la nueva redacción del articulado, la autoridad fiscal pondrá en conocimiento de cada administración las posibles vulneraciones que se produzcan, para que sean las administraciones quienes incoen el procedimiento y, si procediese, impongan la correspondiente sanción.

"No queremos que se vea esa exigencia de responsabilidad individual como un motivo de injerencia de unas administraciones en el personal de otras", dijo Santamaría, para añadir que la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya ha "impuesto" nuevas obligaciones a las administraciones, pero los ciudadanos "demandan también una responsabilidad a nivel individual".

La otra cesión del Gobierno arrancada por CiU y PNV concierne al órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, que, finalmente, no será la denominada Agencia de Transparencia que prevé el proyecto gubernamental, y que estaba destinada a depender de Hacienda, sino que la sustituirá un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno "con mayor independencia y especialización".

El Consejo será elegido con el respaldo de la mayoría absoluta del Parlamento y con perfiles de "independencia y especialización" y no podrá ser destituido durante su mandato.

Además, el Gobierno confirmó que la Casa del Rey y el Banco de España serán incluidos expresamente en la norma, a petición de ambos, dando así satisfacción también a las peticiones de la oposición. Ambas instituciones tendrán el mismo tratamiento que el Congreso, el Senado y el Tribunal Constitucional. Según Santamaría, se trata de un "avance impulsado activamente por la monarquía" que hará que España tenga la "primera ley" de transparencia en Europa que "incluye explícitamente a la Casa Real".

"Hasta ahora, la Casa del Rey, como otras, se autoexigía criterios de transparencia, pero nuestra monarquía será la primera en someterse como otras instituciones a una obligación legal de transparencia", enfatizó la vicepresidenta.

El secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió al Gobierno que tenga la suficiente "sensibilidad" para pactar la Ley de Transparencia en el curso de su andadura parlamentaria y resaltó que el acuerdo "es cosa de dos" y que para conseguirlo "hay que ceder".