Los duques de Palma se gastaron, entre 2004 y 2010, casi tres millones de euros en reformar su palacete de Pedralbes, según datos obrantes en el sumario del "caso Nóos". La Agencia Tributaria deberá esclarecer ahora qué parte de esa cantidad fue abonada por Aizoon S. L., la consultoría que Iñaki Urdangarín y su esposa, la Infanta Cristina, poseen al cincuenta por ciento, para ver si se incurrió en delitos fiscales con el impuesto de sociedades. La fiscalía guardó ayer silencio sobre las informaciones que apuntan que estudia pedir una pena para el yerno del Rey de 17 años de cárcel, cifra que se puede reducir a 4 años si reconoce los delitos y repara los daños.
El juez instructor ordenó el viernes a la Agencia Tributaria que esclarezca si el matrimonio cargó a Aizoon parte de esos 3 millones. La Audiencia de Palma instó el día 7 a investigar si los duques podían haber cometido fraude fiscal en el impuesto de sociedades de Aizoon al cargar a la consultora gastos ajenos a la empresa, como la rehabilitación de su mansión. También se sospecha que Urdangarín y la hija del Rey pudieron facturar a través de su sociedad los pagos domésticos, como criadas, chóferes y otros empleados.
En 2004 apenas aparecen facturas de la reforma (3.290 euros de una notaría). Las principales obras se hicieron en 2005 (1,272 millones) y 2006 (1,584 millones). El dinero dedicado a la mansión disminuyó en los años siguientes: 25.495 euros (2007), 56.860 euros (2008), 16.558 euros (en 2009) y 16.396 euros (2010).
La rehabilitación del palacete se elevó a casi 2 millones (1,980 millones); en ebanistería y carpintería se invirtieron 244.000 euros; 202.000 en hierros, rejas y cerramientos, 140.000 en jardinería, 102.000 en cristales, la instalación eléctrica subió a 82.000, el interiorismo ascendió a 73.000, 72.000 para pintura y 51.000 para la piscina y la pista de tenis.
Los inspectores de Hacienda llevan más de tres años fijando sus miradas en los negocios de Urdangarín y Diego Torres, que fueron objeto de una investigación tributaria tras el pago de una factura de 100.000 euros a Aizoon con billetes de 500 antes de que la Policía y la fiscalía Anticorrupción indagaran en las actividades del instituto Nóos.
Los funcionarios no estaban seguros de que esta factura llegara a pagarse, pero sí descubrieron otros movimientos con billetes de 500 euros. El dato del uso de estos billetes fue suficiente para que los inspectores comenzaran a indagar en las empresas que rodeaban Nóos, la sociedad con la que Urdangarín consiguió 6 millones de fondos públicos.
La fiscalía Anticorrupción ya está consultando el Código Penal para estudiar las penas que solicitará en su escrito de acusación para los implicados en el fraude del Instituto Nóos. En concreto, el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, puede enfrentarse a una petición de 17 años de cárcel por malversación, falsedad, fraude a la Administración y prevaricación, a los que habría que sumar otros tres delitos fiscales.
La pena quedaría en cuatro años de prisión si el duque reconoce los delitos y repara el daño. Pero esa conformidad en ningún caso evitaría su ingreso en la cárcel. Consciente de que la investigación encara su recta final, la fiscalía ha hecho cálculos. La investigación atribuye al marido de la Infanta un delito de malversación agravado con otro de falsedad documental. Nóos recibió dinero público que no dedicó a lo que acordó con las administraciones de Baleares y Valencia. El segundo es de fraude continuado a la Administración, al que se suman los delitos fiscales en el impuesto de sociedades a través de Aizoon, la empresa que comparte con la Infanta Cristina, al que hay que sumar el de dos ejercicios del impuesto de la renta.
