Hacienda será quien marque el terreno para investigar a la Infanta, según Torres-Dulce

Cayo Lara acusa al Gobierno de usar la Fiscalía y la Abogacía del Estado para "caminar" contra la justicia

26.05.2013 | 00:00
Rita Barberá, ayer, en un acto del PP en Valencia. // Efe
Rita Barberá, ayer, en un acto del PP en Valencia. // Efe

La afirmación del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de que en el caso de las presuntas irregularidades fiscales de la infanta Cristina será la Agencia Tributaria la que "marcará el terreno de juego", a petición del instructor del "caso Nóos", cobró ayer fuerza, una vez que el juez José Castro estrechara el cerco sobre la hija del Rey al empeñarse en investigarla por delito fiscal y blanqueo de capital, en contra de la opinión de Hacienda.

Torres-Dulce pronunció esas palabras justo antes de que el juez ordenara el viernes a la Agencia Tributaria que ampliase la investigación sobre la Infanta, quien en los dos últimos años duplicó sus ganancias, hasta los 311.000 euros. El fiscal general dijo en concreto que Hacienda "es la que, en principio, debe marcar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones tributarias de todos los ciudadanos españoles, sin ningún tipo de distinción".

Ante el silencio de los dos grandes partidos, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, acusó ayer al Gobierno de utilizar los instrumentos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para "caminar" contra la justicia, sobre todo en la actuación judicial en torno a la infanta Cristina.

Lara advirtió de que la justicia "se la juega" cada día sobre el supuesto de que es igual para todos los ciudadanos, lo que, a su juicio, "no se está cumpliendo". Mientras, los expertos en derecho procesal y penal coinciden en que si la Fiscalía y las acusaciones particulares renuncian a atribuir alguna conducta delictiva a la Infanta, Manos Limpias no se bastaría por sí sola para sentarla en el banquillo. En estos medios se considera que la "doctrina Botín" podría ser el salvavidas de la hija del Rey.

Hacienda tendrá que realizar una investigación a fondo, no sólo de los ingresos que ha declarado la infanta Cristina en los últimos diez años, sino también de las cuentas bancarias que figuren a su nombre. Así lo ordena el juez en el auto del viernes, en el que establece que la dependencia regional de la Agencia Tributaria de Barcelona emita un informe sobre estas cuentas bancarias, tanto si figura la Infanta como titular o si aparece como apoderada. Al mismo tiempo, este informe también debe señalar de cuántos inmuebles es titular la duquesa de Palma, así como si posee fondos de inversión, activos financieros u otro tipo de depósitos económicos.

Entre las declaraciones de la renta que ha presentado la Infanta Cristina, y que están en poder del juez Castro, figura la del año 2011, cuando el matrimonio residía en Estados Unidos, donde Iñaki Urdangarín trabajaba como directivo de una compañía telefónica. En este documento se señalan los ingresos que obtuvo la hija del Rey por el alquiler de su lujosa vivienda de Barcelona a un ciudadano de los Emiratos. Cristina declara que por la mitad de este alquiler recibió un total de 54.000 euros. Es la cantidad por el rendimiento que consiguió de su residencia de la calle Elisenda Pinos.

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