El Gobierno estudia recortar el sueldo a miles de empleados municipales poniendo límites al complemento específico. El objeto no es otro que ahorrar unos 870 millones mediante esta reducción de la masa salarial. Dichos topes se concretarán cada año en los presupuestos.

De momento no hay datos concretos de cómo afectará este recorte a los más de medio millón de empleados municipales de los 8.114 ayuntamientos. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pretende añadir esta medida al ahorro de 7.129 millones que pretende conseguir con la reforma de la administración local que hoy presentará.

Hacienda calcula que unos 5.900 ayuntamientos son ineficientes porque prestan sus servicios a un coste superior del que podrían hacerlo. Se trata de 5.583 pueblos de menos de 5.000 habitantes, el 92 por ciento del total, y de 344 de entre 5.000 y 20.000, el 60 por ciento.

El texto pasará después al Consejo de Estado, será a continuación aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes. Se espera su aprobación este mismo año y su entrada en vigor el próximo 1 de enero.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro tiene unas cifras de lo que pueden costar los servicios municipales. De hecho, ya ha calculado que la aplicación de esta ley puede ahorrar 7.129 millones el 20 por ciento, por aplicación de este concepto.

Una vez que se apruebe la ley, todos los municipios someterán a examen sus servicios; los que estén por debajo de 20.000 habitantes perderán la gestión del que presten de manera ineficiente, según el coste de Hacienda, y serán las diputaciones o las comunidades (en caso de las uniprovinciales) las que se encarguen. Junto al servicio, las diputaciones recibirán la financiación y los funcionarios que los municipios dediquen a él. La creación del coste estándar ha sido controvertida y cuenta con la oposición frontal del PSOE, que interpreta la idea como un paso hacia la privatización de servicios.

Los ayuntamientos afectados tendrán cinco años para recuperar las competencias perdidas. Durante ese tiempo, la Corporación deberá dedicarse a preparar un plan de ajuste. Además, el Gobierno va a buscar el establecimiento de una "horquilla salarial" para los funcionarios locales con la que evitar la enorme dispersión que hay entre ellos y entre todos ellos y los funcionarios del Estado.

Antimunicipalismo

Por su parte, el vicepresidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSdeG), denunciaba ayer que el Gobierno había presentado "el mismo texto" de reforma que en febrero y que, ya entonces, provocó el rechazo de los ayuntamientos, por lo que auguraba una nueva posición contraria. Caballero insistió en que la reforma, tal y como la plantea el Gobierno, es un texto "antimunicipalista" y supone que los ciudadanos tengan que "pagar más caro por peores servicios".