La ley de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, frenar los desahucios y estimular el alquiler social entró ayer en vigor después de publicarse en el "Boletín Oficial del Estado". La nueva norma no incorpora la dación en pago universal y retroactiva como reclamaba la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), aunque incluye como una de las medidas estrella la suspensión durante dos años de los desahucios en los que los afectados cumplan unas condiciones de especial vulnerabilidad.
El cambio legal que ahora se pone en marcha ha sido fraguado en menos de un año y fue impulsado a raíz de una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en la que se impugna el procedimiento seguido para la ejecución de hipotecas. Durante el año pasado el sector financiero se quedó con la primera vivienda de 30.000 familias.
Entre las novedades que incluye destaca que se eleva el mínimo de cuotas impagadas con las que una entidad financiera puede solicitar la ejecución de una hipoteca, y que pasan de uno (como había sucedido hasta ahora) a tres impagos.
La ley establece un sistema para reducir la deuda pendiente de estos préstamos mediante quitas, una vez que la vivienda ha sido adjudicada a un tercero. Además, los intereses de demora (los que se generan si se produce algún impago) no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero, lo que hoy en día situaría el tope en un 12 por ciento.
La norma trata de adaptarse a la sentencia del Tribunal de la UE, por la que se faculta a los jueces a detener una ejecución hipotecaria cuando detecten cláusulas abusivas, y con ella entra en vigor la moratoria de dos años para los desahucios de colectivos vulnerables.
A partir de ahora para acogerse a la suspensión del desahucio hay que cumplir dos tipos de condiciones, sociales y económicas. En el primer caso están incluidas las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos a su cargo, las que tiene un menor de 3 años y algún miembro con discapacidad o dependiente, las víctimas de violencia de género y aquellas en las que el deudor esté en paro y haya agotado las prestaciones. Los requisitos imponen que los ingresos de la unidad familiar sean inferiores a 1.595,53 euros.
La norma fue aprobada en solitario por el PP después de que la oposición en bloque la considerase "insuficiente" y asegurara que vulnera el espíritu de la ILP firmada por 1,5 millones de ciudadanos.
