El PP ha recurrido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión "inverosímil" y "arbitraria" del juez instructor del "caso Gürtel", Pablo Ruz, de apartarle de la causa como acusación popular, al entender que deja al partido en una "grave e inadmisible situación de indefensión".

El PP se opone así a la decisión de Ruz de retirarle su condición de parte en la causa principal del "caso Gürtel" por considerar que no la ha ejercido correctamente, en especial en lo que se refiere a los imputados Luis Bárcenas; su mujer, Rosalía Iglesias, y el exdiputado del PP Jesús Merino Delgado.

En relación al extesorero popular, el PP expresa además su voluntad de que la investigación sobre sus 38 millones en cuentas de bancos en Suiza "se lleve a cabo con el máximo rigor y hasta sus últimas consecuencias". Según el escrito, considerar al partido parte investigada en Gürtel, como afirma Ruz, es "una decisión inverosímil, jurídicamente insostenible, inmotivada y equivocada a todas luces", así como "arbitraria". Mientras, Ruz ha preguntado al fiscal si debe realizar nuevos interrogatorios por los 104 contratos fraccionados del Gobierno madrileño con la "red Gürtel" de 2004 a 2008.

Por su parte, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), acusación particular en el "caso Gürtel", ha pedido al juez Pablo Ruz que imponga una fianza de responsabilidad civil de 54,5 millones a Bárcenas dado el "riesgo real" de que ponga "a buen recaudo" sus bienes.

Por último, el diputado de IU, Ricardo Sixto, asegura haber constatado que Francisco Álvarez-Cascos no comunicó a la Cámara que cobraba un sobresueldo mensual de 10.000 euros del PP cuando era secretario general y considera que ocultó esa circunstancia para no incurrir en una incompatibilidad.

Así lo aseguraron Sixto y el diputado de IU Gaspar Llamazares, después de que el primero haya consultado las declaraciones de actividades que Cascos registró en el Congreso en los años en los que, según ha admitido el propio exministro, percibió esas remuneraciones "extra".

Tras la publicación de los "papeles de Bárcenas", Cascos aseguró que cobró esos sobresueldos entre los años 1994 y 1996, cuando era secretario general del PP, y que informó de su actividad al Congreso.

Según dijo Llamazares, en sus declaraciones de actividades Cascos hizo constar su cargo en el PP pero no especificó remuneración alguna por esa tarea. A su juicio, no lo hizo porque era consciente de que, de hacerlo, estaría incurriendo en una incompatibilidad, ya que la ley establece que la retribución de parlamentario no se puede compatibilizar con otro salario.

Dado que en el PP argumentan que esas cantidades correspondían a gastos de representación, Llamazares ha incidido en que en el caso de Cascos, ni siquiera comunica la percepción de dietas en razón de su cargo en el partido. "Esos sobresueldos, además de ser reprobables y escandalosos en su volumen, son ilegales, porque están al margen de la ley de Incompatibilidades", afirmó Gaspar Llamazares.