El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, comparecerá este martes en el Congreso de los Diputados para explicar las líneas maestras de la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorga al fiscal la dirección de las investigaciones; y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que crea los tribunales de instancia y suprime los partidos judiciales.
El ministro comparecerá en la Comisión de Justicia a petición propia, a instancia del PSOE y de los grupos de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), en unos días en que se ha abierto la polémica por otra de sus iniciativas legislativas, como es la reforma de la ley del aborto.
Los grupos de la oposición sacarán previsiblemente este asunto a la palestra después de que esta reforma pareciera haber generado una divergencia de opiniones entre el PP y el Gobierno.
No obstante, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Rafael Hernando, ha negado cualquier contradicción y ha afirmado que ambos trabajan "de forma conjunta" en la reforma. A su vez, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha dicho que el partido esperará a que el Gobierno presente "su proyecto" para opinar sobre esta normativa.
Ruiz-Gallardón llevará a la Cámara Baja los textos que recibió el pasado febrero por parte de las comisiones de expertos que fueron formadas para elaborar dos leyes que marcarán el rumbo de la Justicia en España para los próximos años. Una de ellas diseña una nueva organización del mapa judicial y la otra encomienda al Ministerio Público la instrucción de los delitos y las faltas, en lugar de a los jueces como ocurre en la actualidad.
Este segundo articulado ha sido uno de los grandes retos que se marcaron los antecesores del actual ministro. Su predecesor en el cargo, Francisco Caamaño, fue quien más lejos llegó al aprobar un anteproyecto de ley en el último año de legislatura, que, finalmente, no vio la luz por la falta de tiempo y de consenso y que también daba la instrucción al Ministerio Fiscal.
Gallardón tiene ahora sobre la mesa un texto llamado a sustituir a la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882 y con más de sesenta modificaciones parciales en su haber. Pero tiene además cerca de tres años de legislatura por delante para lograr dar 'luz verde' al nuevo modelo.
El PP rechazó el fiscal investigador en la oposición
El Partido Popular renegó en la oposición de este sistema aunque ahora defiende que tiene mayores garantías. Las voces críticas dudan por la dependencia jerárquica que rige en el Ministerio Público, donde el fiscal general del Estado es nombrado por el Gobierno, a diferencia de los jueces y magistrados que son "independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".
Entre otras novedades, los expertos acotaron los plazos para efectuar diligencias de instrucción y prohibieron ejercer la acción popular a partidos políticos y sindicatos. Además, plantearon que el jurado popular examine sólo la comisión de asesinatos y homicidios dolosos y que no pueda enjuiciar los delitos atribuibles a las personas que gocen de la condición de aforado.
El ministro presentará además ante la Cámara Baja la propuesta de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial por la que se crean los tribunales de instancia, se suprimen los partidos judiciales y se eliminan las categorías judiciales.
Este articulado contempla que los jueces y las asociaciones deberán abstenerse de valorar asuntos de actualidad ante los medios de comunicación, las organizaciones judiciales no se financiarán vía impuestos, sino exclusivamente mediante las cuotas de los afiliados, y los aspirantes que aprueben la oposición se sometan a un examen de aptitud psicológica para evitar que "personas carente del necesario equilibrio mental se integren en la judicatura".
La comisión que ha elaborado el Código Procesal Penal ha estado dirigida por el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena y por el catedrático de Derecho Procesal y abogado Nicolás González-Cuellar, mientras que las comisiones sobre la Ley de Planta Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial han estado presididas por el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Antonio Dorado y el magistrado del Tribunal Supremo Luis María Díez-Picazo.
