Dicen que el mundo no se movería si no fuera por la tensión de los contrarios. Lo cierto es que los llamados "papeles de Bárcenas", una supuesta contabilidad oculta del PP con ingresos de 7,5 millones de euros entre 1990 y 2009, fueron publicados el pasado 31 de enero y permanecieron casi un mes durmiendo un aparente sueño de los justos en la Fiscalía Anticorrupción sin que fueran llamados a declarar ninguno de los implicados, excepto el propio Bárcenas y el exdiputado popular Jorge Trías, que se había confesado conocedor de la existencia de sobresueldos en el partido. Sin embargo, todo pareció acelerarse cuando entró en escena el juez Javier Gómez Bermúdez, que admitió el 11 de marzo pasado una querella presentada por IU contra un grupo de constructores y de ex dirigentes del PP por posibles delitos de blanqueo, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Bermúdez, del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, se decidió a investigar lo que denunciaba Izquierda Unida: una serie de empresas de la construcción habrían pagado comisiones al PP a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública, buena parte de ellos con el Ministerio de Fomento en época de Álvarez-Cascos. Sin embargo, esta investigación parecía entrar en colisión aparente con la que ya estaba desarrollando en el juzgado número 5 de la propia Audiencia Nacional el magistrado Pablo Ruz. Este juez está rastreando la fortuna de Luis Bárcenas en Suiza y su relación con la "trama Gürtel", que también cobraba comisiones a un grupo de empresarios y que, según las últimas investigaciones de la fiscalía, también habría hecho varias aportaciones al PP que incluso estarían reflejadas en la contabilidad oficial de la formación, la que se sometió al examen del Tribunal de Cuentas.

Pocos días antes de que Bermúdez ordenase diligencias sobre el caso y, entre otras, llamase de declarar a todos los constructores demandados y citados en los papeles, el juez Ruz ya había abierto una pieza separada dentro su instrucción del "caso Gürtel". Un informe policial había encontrado tres puntos de conexión entre los papeles de Bárcenas y la documentación incautada a los colaboradores de Francisco Correa, cabecilla de la "red Gürtel". De esas tres conexiones, dos se hacían a través del constructor Alfonso García Pozuelo, propietario de Hispánica, una compañía que tuvo que vender para ponerse al día con Hacienda a consecuencia de los delitos fiscales destapados en esta investigación. Este empresario aparecía como donante en la contabilidad de "Gürtel" y, con similares cantidades y en fechas próximas, también figuraba en los apuntes de Bárcenas.

El pasado viernes, se hizo público otro informe de la Fiscalía Anticorrupción que venía a apuntalar y respaldar la competencia de Ruz para seguir con las riendas del caso. Después de cuatro años de investigación de la "red Gürtel", la Fiscalía encontraba una nueva conexión. En este caso, el enlace se hacía entre los documentos incautados a la red de Correa y la contabilidad oficial del PP. Tres apuntes de similares cantidades y en fechas próximas aparecían en los documentos de los corruptos y en la contabilidad oficial del partido que gobierna en España. En total, sumarían 160.000 euros de donativos recibido a través de Correa.

Conexidad. Ese es el palabro que daría la legitimidad al magistrado Ruz para seguir con el caso. Es decir: establecer enlaces entre la contabilidad de Correa, la oficial del PP y los papeles atribuidos a Bárcenas para demostrar que el río de dinero que hay que investigar es aquel que salía de los bolsillos de determinados constructores del ecosistema de "Gürtel", pasaría por los de Bárcenas, Correa y asociados, y acabaría total o parcialmente en la caja del PP Y esa investigación sería competencia de Ruz, tal como insiste la Fiscalía Anticorrupción, que ha solicitado a Bermúdez que se inhiba en el caso. El Ministerio Público no se ha cortado a la hora de dejar patente que quiere apartar a Gómez Bermúdez del asunto. Ha desautorizado las argumentaciones de uno de sus autos y ha calificado de "innecesarias" y "desproporcionadas" las diligencias que este juez ha ordenado. Las diferencias no solo han aflorado entre la Fiscalía y Gómez Bermúdez, también entre este y el juez Ruz, en un cruce de autos de insólito tono y contenido entre dos magistrados.

Sin embargo, pese a la vistosidad de la disputa judicial -algo que ha permitido al propio Bárcenas calificar la escena de "sainete" y la situación de "kafkiana"-, el fondo del caso no es solo quien tiene la competencia, sino qué se está investigando en realidad. Quienes avalan la legitimidad de Gómez Bermúdez para hacerse con el control de la investigación, y en especial los denunciantes (IU), precisan que este caso no se circunscribe a "Gürtel". Hay que abrir la perspectiva. No se trata solo de investigar a los constructores que pasaron por la caja de la red de Correa, también se busca esclarecer por qué pagaron otros empresarios que no están relacionados hasta la fecha con "Gürtel" y que sí aparecen citados en los papeles de Bárcenas. ¿Sus aportaciones al PP fueron a cambio de la adjudicación de obra pública? Esta es la cuestión. Esta sería, por tanto, una investigación más amplia. El centro de atención no estaría puesto tan solo en Bárcenas, sino en el propio sistema de financiación del actual partido en el Gobierno. Así que este caso pasaría por revisar, entre otras cosas, las adjudicaciones que recibieron los empresarios aludidos en los papeles de Bárcenas y que, en total, hicieron 3,7 millones de euros de supuestos donativos al PP, como indica esa supuesta contabilidad en "B". La mayor parte de estos donativos se efectuaron entre 2000 y 2004, en la época de Cascos en Fomento, cuando las compañías mencionadas recibieron miles de millones de euros en adjudicaciones. Solo en las obras del AVE, la suma de las adjudicaciones consignadas en el BOE supera los 2.500 millones de euros.

Este conflicto de competencias entre dos jueces acabará, previsiblemente, dirimiéndose en un pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Entonces, los magistrados tendrán que inclinarse por Ruz o por Gómez Bermúdez, el juez que se hizo famoso por presidir los juicios del 11-M y que cosechó las críticas de los sectores más conservadores de la sociedad española por desterrar las teorías conspiratorias que orbitaron en torno a estos atentados islamistas. Ahí arranca la supuesta animadversión que el Gobierno tendría hacia un juez que, no obstante, llegó ocupar la presidencia de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional con el respaldo de los vocales afines al PP en el Poder Judicial.

Aunque, en principio, todo parece inclinarse a que sea Ruz quien mantenga la competencia sobre el caso, hay quien hace otros cálculos. Estos: la votación sobre el juez que habrá de llevar tan peliaguda investigación no se desarrollaría en términos de vocales conservadores contra vocales progresistas, donde los primeros tienen las de ganar. El asunto sería de índole corporativa. Una defensa de la autonomía del poder judicial. Es decir, dilucidar si se permite al Gobierno o no influir en la elección de un juez más de su gusto, por considerarlo menos agresivo. Y en este punto hay que situar que la reforma de la justicia propuesta por el ministro Gallardón ha sido seriamente criticada en un reciente informe del Consejo General del Poder Judicial, donde se dice textualmente que los cambios propuestos por el PP retroceden "en el ámbito de la salvaguarda de la independencia del Poder Judicial a tiempos anteriores a la Constitución". Incluso hay quien va más allá, es más malévolo y recuerda que fue este Gobierno de Mariano Rajoy el que dejó sin coche oficial y sin escoltas a buena parte de los más destacados magistrados. Pero eso seguro que no lo tendrán en cuenta.