La juez Mercedes Alaya considera que el exdirector general de la mediadora Vitalia Vida Antonio Albarracín, que ingresó en prisión ayer, "pagó" 4.291.384,10 euros a "los entornos" de los sindicatos UGT y CCOO procedentes de las 'sobrecomisiones' "pactadas" con la Junta de Andalucía en relación a la gestión de las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo (ERE).
En el auto por el que la magistrada ordena su ingreso en prisión, la juez señala que el imputado, director general de Vitalia desde 1995 hasta 2011, "daba las directrices y controlaba todo cuanto se refería a la parte económica de las pólizas de rentas suscritas con motivo de las prejubilaciones de trabajadores dentro de los procesos de reestructuración de empresas que se llevaban a cabo en la comunidad autónoma andaluza y que eran financiadas a discreción por la Junta".
La juez pone de manifiesto que la Junta "se convertiría desde el 6 de octubre de 1999, fecha en que toma posesión de su cargo el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, en uno de los mejores clientes de Vitalia y sin duda en el mejor cliente de la delegación regional de la consultora en Andalucía, porque a través del cobro de ciertas comisiones ofrecidas por Vitalia por parte del citado director general, entre otros, es la Junta la que proporcionaría más trabajo e información sobre empresas en crisis, información que se traducía nuevamente en más pólizas de rentas y contratos de gestión".
A su juicio, "se trataría de un negocio bilateral en el que la Consejería de Empleo, previo ofrecimiento de dádivas por el inculpado o a su instancia, obviaría la celebración de un concurso público para la adjudicación de los servicios de mediación de seguros, y permitiría a Vitalia por su gestión de las pólizas unas sobrecomisiones elevadísimas en relación al precio del mercado, superiores en un 15%, que serían soportadas en su mayor parte por la Junta".
"A cambio, ciertos cargos de la Administración, entre ellos el citado director general de Trabajo, recibirían importantes gratificaciones, y tendrían además la posibilidad, pues ellos eran los que ordenaban el pago de los fondos públicos, de incluir en las pólizas como beneficiarios a personas cercanas a su entorno privado o político", apostilla.
Al hilo de ello, asevera que Guerrero, "aparte de los sobres con dinero recibidos del hoy imputado, recibiría en sus cuentas transferencias periódicas de Vitalia por orden de Albarracín, por cantidades normalmente inferiores a 3.000 euros", de manera que el exalto cargo y su esposa recibieron en sus cuentas un total de 249.000 euros, punto en el que precisa que "con estas sobrecomisiones millonarias financiadas con fondos públicos, el inculpado Albarracín generaba importantes beneficios para su empresa, y a la vez pagaba presuntamente comisiones a todo aquel que hubiera facilitado que Vitalia gestionara las pólizas".
El conseguidor ugetista
El ex ugetista Juan Lanzas se apropió de 13 millones desde 1990 en el caso del fraude de los ERE de Andalucía, y el ex director de EmpleoJavier Guerrero se embolsó más de medio millón, pagó 90.000 euros a su camello y lo intentó colocar. La Guardia Civil registraba ayer con georradar la casa de Lanzas en busca de dinero.
La juez Mercedes Alaya afirma que los comisionistas se embolsaron más de 50 millones y que el sistema de ayudas se había convertido en un "verdadero negocio" en el que las mediadoras "corrompían" a cargos públicos y los sindicatos buscaban "empresas en crisis para incrementar el negocio".El ex director de Vitalia, Antonio Albarracín pagó al menos 4,3 millones a entornos de CC OO y UGT. El sistema permitió a las aseguradoras cobrar "sobrecomisiones elevadísimas, superiores en un 15%", que eran soportadas por la Consejería de Empleo.
