El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra será juzgado por dos delitos continuados de cohecho y tráfico de influencias y otros cuatro más de fraude fiscal, acusado de haber utilizado su posición política para agilizar la aprobación de productos de una empresa fitosanitaria.
El que fue presidente provincial del PP de Castellón tuvo que dimitir ayer al frente de Aerocas, la empresa pública que gestiona el famoso aeropuerto sin aviones. El auto mantiene la fianza de 4,2 millones que se le impuso. También será juzgada por fraude fiscal su exesposa, Amparo Fernández, así como el empresario que lo denunció, Vicente Vilar, y la exmujer de éste, ambos por cohecho. El fiscal y la acusación popular han solicitado entre 15 y 20 años de cárcel para Fabra.
Los hechos comenzaron a investigarse hace nueve años, cuando el Juzgado de Nules dio trámite a dos querellas contra Fabra presentadas por Vilar, gerente de una empresa de productos fitosanitarios llamada Naranjax, cuya producción era sintetizada por la mercantil Arcavi, propiedad de su esposa.
