La Guardia Civil ha cifrado en 50 millones los fondos públicos desviados en la última fase de la investigación de los ERE fraudulentos, aunque esa cifra "podría aumentar de manera significativa" a medida que se analice la documentación incautada en los trece registros realizados.
Estos datos fueron difundidos por el instituto armado en una jornada en la que la juez Mercedes Alaya interrogó ayer a Jesús Bordallo, exdirector comercial de la aseguradora Vitalia en Andalucía, que quedó en libertad sin fianza, y a Antonio Albarracín, directivo de la misma.
La esposa de Albarracín se encuentra en calabozos policiales a la espera de comparecer ante Alaya, mientras que en la puerta del juzgado aguardan ayer el intermediario Juan Lanzas y su abogado, citados al igual que Patrocinio Sierra, esposa de Lanzas; Daniel Ponce, exdirector adjunto de Mercasevilla, y Juan Francisco Trujillo, chófer del ex director general de Trabajo.
Las investigaciones en esta segunda fase, en la que han sido detenidas veintidós personas de varias provincias españolas, han permitido "descubrir el flujo irregular de dinero de determinados fondos procedentes de la Junta de Andalucía".
IU se replanteará el pacto de Gobierno con el PSOE si la justicia "va más allá". El PP dijo que el caso está "en la puerta del despacho" del presidente Griñán, y añadió que es una trama "orquestada" en la que están implicados el PSOE y cargos de la Junta.
