La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, proseguirá este jueves la nueva ronda de declaraciones iniciada este miércoles con la comparecencia de varios imputados más, como son el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista Juan Lanzas o Juan Francisco Trujillo, exchófer del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.
Distintas fuentes del caso han informado de que, durante la jornada del jueves, también prestará declaración en calidad de imputado el exsubdirector de Mercasevilla Daniel Ponce, que ya fue condenado al pago de una multa de 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación para empleo o cargo público por solicitar una 'mordida' de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería de la lonja.
En la jornada de este miércoles ya prestó declaración el propio Guerrero ante la magistrada, quien tras cerca de tres horas de comparecencia ordenó por segunda vez en un año su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, pues hay que recordar que el 10 de marzo de 2012 lo mandó a la cárcel de Sevilla-I como presunto autor de hasta seis delitos, en concreto sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.
Una vez finalizada la comparecencia de Guerrero, la juez ha comenzado a tomar declaración al exdirector comercial de la mediadora Vitalia Vida en Andalucía Jesús Bordallo, quien, tras entrar en el despacho de la juez sobre las 20,35 horas, prosigue en estos momentos contestando a las preguntas de la instructora. Tras él, le tocará el turno al director de Vitalia, Antonio Albarracín, por lo que se prevé que las declaraciones se prolonguen durante toda la madrugada.
En total, la juez Alaya ha citado a declarar a nueve personas que ya estaban imputadas en la causa, todo ello en relación a la operación efectuada este miércoles por el Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en varias provincias de forma simultánea, como son Sevilla, Cádiz, Jaén, Granada, Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.
En esta operación, dentro de la cual se han practicado 13 registros tanto en empresas y despachos de abogados como en domicilios particulares, la Guardia Civil ha detenido a un total de 20 personas --de las que dos ya han quedado en libertad sin pasar siquiera a disposición judicial--, entre las que se encuentran un abogado de Estudios Jurídicos Villasís, presuntos 'testaferros' y personas vinculadas con Vitalia, además de las mujeres de algunos de los imputados.
Dos detenciones más
La operación, que no está cerrada ya que se prevén al menos dos detenciones más, se encuentra incluida dentro de la investigación declarada secreta el pasado mes de noviembre, y tiene como objetivo dilucidar el destino de las sobrecomisiones supuestamente cobradas por las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE de distintas empresas.
Hay que recordar que la Guardia Civil ya concluyó que Juan Lanzas, Estudios Jurídicos Villasís y el 'holding' Vitalia "utilizaron" al menos a tres empresas "pantalla" con el objetivo de "introducir en el circuito financiero, dotando de apariencia de legalidad, el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas suscritas con financiación de la Junta de Andalucía, en las cuales éstos participaron".
A juicio de la UCO, existen indicios" de que Lanzas, el bufete de abogados Estudios Jurídicos Villasís y Vitalia habrían "utilizado" como "empresas pantalla" a tres sociedades dedicadas a la mensajería, como son 'Atrado Mensajería', 'Estudios Agenciales S.L.' y 'Distripack Transporte Urgente S.L.', ninguna de las cuales permanece activa en la actualidad.
