La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, volvió ayer a enviar a prisión al exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, que en octubre salió de la cárcel bajo fianza de 50.000 euros tras haber ingresado un año antes. La instructora atendió la petición del fiscal quien alegó riesgo de fuga y posibilidad de alterar pruebas y de contactar con otros implicados en la causa.
Tras seis meses de baja médica, Alaya reactivó la investigación sobre los ERE irregulares de la Junta de Andalucía con una operación en la que han sido detenidas 22 personas, de las que 11 están vinculados al grupo asegurador Vitalia, nueve en Barcelona y dos en Madrid. Entre los imputados figura el director general de Vitalia, Antonio Albarracín, cuya esposa fue arrestada tras un registro de su casa.Otras seis personas fueron detenidas en Sevilla; tres en Cádiz, una en Granada y otra en Las Palmas de Gran Canarias, mientras se citaba a declarar de nuevo a Francisco Javier Guerrero. Su abogado dijo irritado que este no atendió su recomendación de que no declarase. Guerrero, en un receso en el que ha salido a la calle para fumar un cigarrillo, ha comentado a los periodistas: "Estamos prácticamente en lo mismo; todo es una ampliación de lo que ya había". A la vuelta al juzgado y preguntado sobre la petición del fiscal de que vuelva a prisión, que luego la juez ejecutó, Guerrero, irónico, ha contestado: "Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar".
