La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dejó hoy visto para sentencia el caso de la miembro de ETA Inés del Río Prada y la aplicación de la "doctrina Parot", tras escuchar a las partes en la vista celebrada durante dos horas. El contenido de la sentencia se conocerá en los próximos meses.

El representante del Gobierno español, Isaac Salama, centró buena parte de sus argumentos en los efectos que tendría el fin de la "doctrina Parot", y aseguró que "supondría la puesta en libertad de terroristas y violadores", que saldrían "sin cumplir sus penas y sin rehabilitar".

En concreto, serían 54 terroristas de ETA, 7 del GRAPO, 1 del GAL y 14 presos comunes, uno condenado por 74 violaciones, según se enumeró durante la vista.

Del Río (Tafalla, 1958) fue condenada a más de 3.000 años de cárcel, la mayoría por participar en 1986 en el atentado contra un convoy de la Guardia Civil en la plaza madrileña de la República Dominicana, en el que fallecieron 14 miembros de la Benemérita.

El agente del Gobierno, Francisco Sanz, añadió que, para aplicar beneficios penitenciarios, el recluso debe arrepentirse y pedir perdón a las víctimas, "cosas que no ha hecho la demandante".

Salama explicó a los 17 magistrados que componen la Gran sala de la Corte europea que un asesinato no puede tener el mismo tratamiento penitenciario que 200 y añadió que ese es el espíritu de la sentencia del Tribunal Supremo de 2006 por la que se aplica la "doctrina Parot".

Según esa doctrina, "la ejecución de la totalidad de la condena (...) comenzará con las penas más graves" y los beneficios penitenciarios "serán aplicados para cada una" de las penas, individual y sucesivamente, hasta el límite legal.

Salama pidió al Tribunal de Estrasburgo que revocara la sentencia de Sala del pasado año que falló a favor de Del Río, porque esa sentencia "no respetó el margen de apreciación" nacional y el derecho del Tribunal Supremo de "corregir una interpretación errónea".

Los abogados británicos de Del Río defendieron la sentencia de Sala y pidieron que "el caso no tenga referencias políticas ni de terrorismo, sino de aplicación del estado de derecho", después de la "privación arbitraria de la libertad de la demandante".

El abogado Mark Muller aseguró que la "doctrina Parot" es un "castigo", ya que según el Gobierno con ella se cambió una práctica "errónea e injusta".

Muller citó a Thomas Jefferson cuando afirmó que "es más peligroso que un preso sea castigado sin estado de derecho a que se fugue" y añadió que si un tribunal se ajusta a esa máxima ese es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

También criticó Muller el hecho de que fuera imprevisible que el Tribunal Supremo iba a aplicar la "doctrina Parot" a partir de 2006.

A la vista acudieron como público la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, así como la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco, y el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero.

También estuvo presente una delegación de EH Bildu, compuesta por los diputados Xabier Mikel Errekondo, Jon Iñarritu y Rafael Larreina; los parlamentarios navarros Bakartxo Ruiz y Maiorga Ramírez; y el parlamentario vasco Oskar Mature.

Los representantes de las víctimas entregaron en la sede de la Corte europea las 10.000 firmas que han recogido en España a favor de la aplicación de la "doctrina Parot".

Pedraza aseguró que salió de la vista "más esperanzada que cuando llegó", mientras Blanco confió en que se imparta "justicia para las víctimas del terrorismo y no se permita la impunidad de los verdugos".

Por su parte, Matute señaló que el Gobierno interpreta la política y la justicia "como una extensión de la política bélica y de ahí la arbitrariedad de la doctrina Parot".

El fallo inapelable de la Gran sala del Tribunal de Estrasburgo podrá ratificar la sentencia condenatoria que dictó la Sala o dar la razón a España y validar la "doctrina Parot", según el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Apoyo del Gobierno

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que confía en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avale la conocida como 'doctrina Parot' que, según ha recalcado, "ha sido un instrumento enormemente útil en la lucha contra el terrorismo".

Al ser preguntado sobre si confía en que el Tribunal de Estrasburgo atienda el recurso planteado por España en favor de la 'doctrina Parot', que alarga la estancia en prisión de los condenados, Rajoy ha dicho confiar en que el tribunal dé la razón al Ejecutivo español. "La 'doctrina Parot' ha sido un instrumento enormemente útil en la lucha contra el terrorismo y espero que así lo entiendan", ha señalado.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado este miércoles que si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) confirma la sentencia que rechaza la aplicación de la 'Doctrina Parot', las autoridades españolas tienen margen para la "ingeniería jurídica", y ha señalado que lo que finalmente ocurra con el caso de la etarra Inés del Río no tiene por qué ser aplicable a todos aquellos presos en situación similar.

¿Cuanto puede tardar la decisión?

Los 17 magistrados de la Gran Sala de Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tienen en sus manos la decisión de poner fin a la doctrina Parot, que supondría la puesta en libertad de 54 etarras. El fallo mantiene en vilo a víctimas y Gobierno, que creen que su derogación causará gran alarma social.

Pero, ¿qué pasa si Estrasburgo rechaza el recurso de España? Las fuentes consultadas aclaran, en primer lugar, que el miércoles podría no haber fallo ni sentencia, algo que llegaría en semanas o incluso meses, y, en segundo lugar, que la Gran Sala reexamina la aplicación de la doctrina en el caso de Del Río y no entra a rebatir el sistema en sí mismo.

Con todo, es indudable, apuntan las fuentes, que si Estrasburgo vuelve a dar la razón a la etarra, "poco resquicio" pueden tener los tribunales españoles a la hora de mantener este criterio para 54 presos etarras, siete miembros de los GRAPO o 14 delincuentes con tres o más condenas, que recurrirán la doctrina en el caso de que la Corte Europea ampare de nuevo a Del Río.