El ministro de Economía, Luis de Guindos, responderá este miércoles al PSOE y a Convergència i Unió (CiU) acerca de las previsiones de modificación normativa que está planteándose el Gobierno para adecuar la Ley Hipotecaria a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que declara dicha legislación contraria al derecho comunitario de protección al consumidor.

Socialistas y nacionalistas catalanes adelantan así el debate sobre un asunto que se tratará las próximas semanas durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley Antidesahucios y de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre dación en pago retroactiva, cuyo plazo de enmiendas se ha retrasado por petición de CiU y el PP hasta el día 21 para dar margen a los grupos políticos para incluir en sus propuestas de modificación del articulado los aspectos que el Tribunal de Luxemburgo censura en su sentencia.

Así, la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, y el portavoz adjunto de CiU, Pere Macias, han registrado sendas preguntas para la Sesión de Control al Gobierno del Pleno acerca de cómo y cuándo se va a adecuar la normativa española a una sentencia que "desautoriza" la regulación hipotecaria por "no permitir suspender cautelarmente" los desahucios.

Y es que tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguraron tras conocer el fallo del TJUE que se acataría la resolución y que se modificaría la normativa necesaria para hacer cumplir esas previsiones de protección del consumidor, si bien ninguno de los dos precisó cómo se materializaría ese cambio.

De hecho, nada más conocerse el fallo europeo los socialistas exigieron al Gobierno que se paralizaran todos los desahucios en tanto en cuanto no quede aprobada la nueva normativa, y los nacionalistas catalanes pidieron una reunión urgente de todos los grupos para estudiar este asunto.

Por su parte, el portavoz 'popular' en la Cámara baja, Alfonso Alonso, afirmó que los cambios que el Gobierno tiene intención de incluir en la Ley Antidesahucios ya prevén una mejora de la protección ante cláusulas abusivas, intereses de demora o impagos mínimos para poder iniciar la ejecución hipotecaria, y defiende que la dación en pago no tiene "nada que ver" con la sentencia del TJUE y no se aceptará con carácter general y retroactivo, como pide la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), que recogió casi un millón y medio de firmas para acompañar la ILP.

Más protección al deudor

Así, las únicas propuestas de modificación del PP que se conocen de momento son las enmiendas presentadas al proyecto de ley antes de que se aceptara la ILP. Éstas pasan por ampliar los umbrales de vulnerabilidad para poder acogerse al Código de Buenas Prácticas, que da la posibilidad de renegociar la deuda con el banco, aplicar una quita o incluso llegar a la dación en pago para los casos más extremos.

Además, también han propuesto limitar los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero (aproximadamente el 12%), incrementar los impagos mínimos para poder ejecutar la hipoteca, elevar el valor mínimo de subasta de la vivienda con respecto al precio escriturado, o dar más competencias a los jueces para aplicar quitas sobre la deuda pendiente tras el lanzamiento.

Finalmente, el PP ha presentado un bloque de enmiendas para limitar la influencia de las entidades financieras en las sociedades de tasación o evitar el sobreendeudamiento poniendo coto a las condiciones de amortización o peso sobre los ingresos de las hipotecas.

Bárcenas

El PSOE ha decidido volver a llevar el caso del extesorero del PP Luis Bárcenas. Esta vez el destinatario de la pregunta que se formulará en la sesión de este miércoles es el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

El encargado de interrogar a Ruiz-Gallardón será el diputado socialista catalán Álex Sáez, quien intentará que el ministro desvele "qué intereses defiende el Ministerio de Justicia en el 'caso Bárcenas'".

La pregunta de Sáez llega en medio del enfrentamiento que están protagonizando los magistrados de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y Javier Gómez Bermúdez por la competencia para investigar y la supuesta contabilidad B del Partido Popular que se atribuye al extesorero 'popular'.

La Fiscalía ha tomado parte en favor de Ruz, que ya había empezado la investigación de estos dos asuntos y también de la trama 'Gürtel'. De hecho, el Ministerio Público ya ha recurrido la decisión de Gómez Bermúdez de admitir a trámite la querella presentada por Izquierda Unida y otras organizaciones para que se investigue la existencia de una contabilidad irregular en la sede nacional del PP.

Esta no es la primera vez que los socialistas incluyen el 'caso Bárcenas' en las sesiones de control al Gobierno en la Cámara Baja. Desde que surgieron las informaciones relativas a la fortuna del también exsenador 'popular' y los supuestos pagos en negro a dirigentes 'populares' el pasado mes de enero, este tema ha surgido ya en varias ocasiones en los debates con los miembros del Ejecutivo.

La semana pasada fue el socialista Pedro Sánchez quien interpeló a la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, sobre las medidas que pensaba adoptar su departamento para "aclarar las múltiples denuncias sobre la relación laboral del señor Bárcenas con el Partido Popular".

También la 'Gürtel'

En las anteriores sesiones de control al Gobierno, el PSOE también sacó a colación al extesorero del PP denunciando ante el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el hecho de que se declarase beneficiario de la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

También ha estado presente en los últimos Plenos de control la trama 'Gürtel' ya que, hasta en dos ocasiones, la ministra de Política Social, Sanidad e Igualdad, Ana Mato, ha tenido que responder si se siente capacitada para seguir al frente de esta responsabilidad pese a que hay informes policiales que revelan que los cabecillas de esa red pagaron fiestas y regalos a sus familiares.