El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, ha relatado este martes ante el juez José Castro, que instruye el "caso Nóos", que Iñaki Urdangarín llegó a proponer a la Comunidad Valenciana la construcción de un puerto deportivo en La Albufera de Valencia, un espacio protegido por tratarse de un parque natural. La administración valenciana rechazó esta propuesta.

Durante su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que ha desplazado a Madrid toda una comisión judicial para realizar éste y otros 20 interrogatorios a testigos entre martes y miércoles, el mandatario popular ha negado que su firma fuera determinante para que el Instituto Nóos cobrara en 2005 de la Generalitat valenciana por la organización de unos Juegos Europeos en Valencia que nunca llegaron a celebrarse.

Según fuentes jurídicas, González Pons ha insistido en que su firma no condicionó el presupuesto -se llegaron a pagar algo más de 382.000 euros- y ha explicado es habitual la firma de convenios con organizaciones sin ánimo de lucro para la organización de este tipo de eventos, puesto que no se convocó ningún concurso público.

"Es verdad que mi firma está en un convenio con el Instituto Nóos, pero también es verdad que mi firma está porque hubo un acuerdo previo del Gobierno de la Generalitat valenciana y que con mi firma no se comprometió ni un euro público ni se pagó un euro público al Instituto Nóos", ha indicado en una declaración a los medios de comunicación tras comparecer como testigo ante el juez instructor del caso, José Castro.

Declaraciones del miércoles

El miércoles a partir de las 10.30 horas serán interrogados los representantes legales de distintas empresas de las que Urdangarin fue asesor -Lagardère, Havas, Pernod, Altadis y Seelinger y Conde-; Olga Cuquerella, presunta empleada 'fantasma' de Aizoon y hermana de la secretaria personal del Duque; el empresario Domingo Díaz de Mera; el exdirector del equipo ciclista Illes Balears José Miguel Echavarri; Miguel Angel Fontán, director comercial de Sofres; el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig; y el responsable del Consorcio Valencia 2007, Jaume Mata.

A ellos se unirá, en calidad de imputada, la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen, que ya compareció como imputada ante el juez el pasado 14 de febrero en relación con la decisión de abonar

entre 120.000 y 144.000 euros en concepto de "donación" a la entidad considerada sucesora del Instituto Nóos, la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS).

FDCIS percibió durante dos años 16 entregas de 6.000 euros y dos de 12.000 de la sociedad pública madrileña por servicios que presuntamente nunca se llevaron a cabo.

En sus declaraciones el pasado mes de febrero ante el juez José Castro, realizadas en una pieza secreta, Coghen aseveró desconocer por qué no se documentó ningún tipo de resolución por parte de Madrid 16 en la que se plasmase la asignación económica mensual a la FDCIS, al tiempo que tampoco supo decir "a quién se puede responsabilizar por no haber documentado las prestaciones y retribuciones".

Es más, la exconsejera delegada de Madrid 16 manifestó que la fórmula de que "figuraran las aportaciones como donación surgió de algún responsable de la FDCIS y a los responsables de la Fundación Madrid no les pareció mal", remachó. Cabe recordar que la FDCIS fue constituida en diciembre de 2006, cuando habían pasado ocho meses de la teórica desvincción del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, de sus negocios privados.