El PP ha defendido su reforma de pensiones, que endurece las jubilaciones anticipada y parcial, y contra la que el PSOE ha dicho que estudia recurrirla en el Tribunal Constitucional porque, de nuevo, ataca los derechos de los más débiles.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el real decreto-ley de "medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo", reforma de las pensiones que entra en vigor mañana y que modifica la que en 2011 aprobó el gobierno socialista.
La norma penaliza que los trabajadores puedan, de forma voluntaria, jubilarse anticipadamente, al tiempo que endurece la parcial, traspasa a las empresas el coste de las prejubilaciones de los trabajadores de más 50 años y permite compatibilizar la percepción de una pensión con un trabajo.
Según ha explicado el vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, la reforma se ha aprobado para que las pensiones sean "una realidad siempre" y para que se puedan "seguir revalorizando siempre".
Asimismo ha indicado que su finalidad es acabar con la discriminación por razones de edad en el empleo y ha añadido que el PP es el único partido capaz de sacar a España de la crisis.
En su cuenta en Facebook, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha criticado al Gobierno por "imponer" una reforma que aumenta el "sufrimiento" de los más vulnerables, con argumentos "hipócritas" o "abiertamente falsos".
Ha arremetido contra el real decreto-ley porque, "de golpe", los trabajadores ven cómo sus expectativas de jubilación se han retrasado dos años y además recorta la posibilidad de que los mayores de 55 años cobren el subsidio por desempleo, porque "el Gobierno ha decidido protegerlos".
Por todo ello, el portavoz de Economía y Empleo del PSOE en el Congreso, Valeriano Gómez, ha avanzado que su partido está estudiando la presentación de un recurso de inconstitucionalidad y su jefa de filas, Soraya Rodríguez, ha criticado al PP porque "se ha pasado por el arco del triunfo el Pacto de Toledo".
Para el Gobierno andaluz el endurecimiento del acceso a las jubilaciones anticipada y parcial supone "no ver la realidad de lo que está pasando" en España y abrir más la "brecha social", según la la consejera de Presidencia, Susana Díaz.
La secretaria de Política Institucional de IU, Montserrat Muñoz, confía en que haya una respuesta "contundente" de los agentes sociales, y el Economía y Empleo, José Antonio García Rubio, ha advertido de que se trata de una nueva "vuelta de tuerca del 'austericidio'" del Gobierno contra la sociedad.
Tampoco le han gustado esos cambios al portavoz de Empleo y Seguridad Social de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, quien ha considerado "injusto" su endurecimiento.
El secretario general de ICV, Joan Herrera, ha afirmado que la reforma "no tiene ni pies ni cabeza" y su portavoz en el Congreso, Joan Coscubiela, la ha calificado de "barbaridad y conjunto de despropósitos" que "acosa", de forma "muy irresponsable", a los mayores de 55 años.
No ha opinado lo mismo el presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, Joaquim Gay, quien la ha defendido porque la viabilidad del sistema actual "es insostenible".
