Ismael Álvarez dimitió como alcalde de Ponferrada y diputado autonómico por el PP el 29 de mayo de 2002, el mismo día en que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le halló culpable de un delito de acoso sexual en la persona de quien había sido su concejala de Hacienda, Nevenka Fernández. La edil le había denunciado por acoso sexual en marzo de 2001. El Tribunal Superior castellano-leonés condenó a Álvarez a pagar a Fernández una multa de nueve meses a razón de 24 euros por día (es decir, 6.480 euros), además de una indemnización de 12.000 euros. Sin embargo, en 2003 el Tribunal Supremo rebajó a 2.160 euros la multa al eliminar la agravante de abuso de superioridad, basándose para ello en un curioso principio: que no hay relación jerárquica entre un alcalde y una concejala. Fernández presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, rechazado en 2005. En 2011 volvió a la política y su IAP (Independientes Agrupados de Ponferrada) obtuvo cinco ediles.
