La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó ayer, tras el Consejo de Ministros, que el Gobierno ha formado un grupo de trabajo, presidido por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, para poner en marcha "a la mayor brevedad posible" la ley de control económico-financiero de los partidos y las leyes orgánicas reguladoras del ejercicio de las funciones públicas.
A las reuniones de este grupo asisten los subsecretarios de Presidencia del Ministerio del Interior y representantes de los ministerios de Justicia y Hacienda, según Santamaría.
En virtud de una resolución aprobada por el Pleno del Congreso en el reciente debate sobre el estado de la nación, el Gobierno tiene el encargo parlamentario de poner en marcha ésas y otras leyes, así como una serie de modificaciones en el Código Penal y en la ley de Enjuiciamiento Criminal, ambas contra la corrupción.
Para llevarlo a efecto ha constituido este grupo de trabajo y ha contactado con el Consejo de Estado para contar con su "asesoramiento en algunos aspectos que puedan requerir un análisis más profundo". Sáenz de Santamaría dijo que espera "construir acuerdos" con los grupos parlamentarios en torno a esas normas legales y recordó que éstos tienen sus propias tareas encomendadas, como poner en marcha un pacto ético y regular los lobbies y el tratamiento que da el Congreso a la transparencia de la información.
En Bruselas el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió que sería una "buena solución" que los jueces puedan dictar la suspensión cautelar de los cargos públicos imputados. "Al Ministerio le parece inteligente", señaló el Ministro sobre esa posibilidad recogida en un informe para la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal y que su Ministerio estudia convertir en propuesta legislativa.
La potestad de inhabilitación de cargos públicos por los jueces "da respuesta a una inquietud que en estos momentos existe en la opinión pública, que muchas veces no entiende por qué altos funcionarios o cargos públicos siguen ejerciendo sus responsabilidades tras una imputación", dijo.
