La alcaldesa de Totana, Isabel María Sánchez, busca un resquicio legal que impida que el Ayuntamiento tenga que devolver los 2.485.846,94 euros que le ingresó el empresario vigués Manuel Núñez Arias en el año 2006 por el convenio urbanístico del Raiguero, que motivó el caso Tótem, y que fue anulado por la Justicia en la sentencia que condenó a prisión al exalcalde Juan Morales.
La regidora, del PP, ha remitido una consulta al Consejo Jurídico de la Región de Murcia para conocer si debe proceder "a la devolución de las cantidades ingresadas por Manuel Núñez Arias, en representación de la empresa Inmouar S.L., como consecuencia de que el TSJ declarara la nulidad del convenio". El empresario,condenado a pagar 10.000 euros y quien, según la sentencia del caso Tótem, pactó con Morales la entrega de una comisión ilegal de tres millones de euros por la recalificación de los terrenos rústicos para construir una urbanización de lujo, pagó también al ayuntamiento de Totana 2.485.846,94 euros, a través de dos cheques, como compensación por la aprobación del convenio.
La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, contra la que no cabía recurso de las partes, declaraba "la nulidad de todos los actos cometidos teniendo una causa ilícita delictiva", entre los que se encontraba el proyecto urbanístico promovido por Inmouar.
Ante esta situación, y acogiéndose a uno de los puntos del acuerdo urbanístico en el que se determinaba que las cantidades entregadas serían devueltas por el Ayuntamiento si resultaba imposible llevar desarrollar el convenio, solicitó el reintegro de los casi 2,5 millones de euros acogiéndose al plan de pago a proveedores que puso en marcha en 2012 el Gobierno.
