El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado la apertura de diligencias previas tras la querella criminal presentada el pasado jueves por Izquierda Unida contra empresarios de la construcción y personas que han ocupado cargos de responsabilidad en el PP, como Luis Bárcenas, Federico Trillo, Ángel Acebes y Rodrigo Rato, por la presunta contabilidad "B" del partido.

El magistrado del Juzgado Central Número 3 ha comunicado la decisión al fiscal para que informe sobre la competencia, y señala que los hechos "que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", según informa la coalición.

Gómez Bermúdez ordena el inicio de diligencias -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 774 en relación con el artículo 779 de la ley de enjuiciamiento criminal- con el fin de determinar "la naturaleza y circunstancias", así como "las personas" que en ellas han intervenido respecto a lo denunciado por la coalición y el "procedimiento aplicable".

Tras esta decisión del magistrado, el abogado y secretario ejecutivo de convergencia político-social de IU, Enrique Santiago, ha manifestado la "satisfacción" de la coalición.

La querella, elaborada conjuntamente con la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de Los Verdes, se dirige contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y los que fueran responsables de organización, finanzas y asesoría legal del PP y exministros Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo, por supuestas comisiones irregulares al PP entre los años 2003 y 2008. De los querellados, Bárcenas, Crespo y García Pozuelo están ya imputados en la investigación sobre "Gürtel".

Además, se dirige contra el presidente del grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, que supuestamente donó a los populares más un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, expresidente de OHL, que pagó más de medio millón de euros; Luis de Rivero, expresidente Sacyr Vallehermoso, donante de medio millón euros; Alfonso García Pozuelo, de construcciones Hispánica, que pagó entre 250.000 y 300.000 euros; Juan Manuel Fernández, de Aldesa, también donante de entre 250.000 y 300.000 euros; José Mayor Oreja, de Construcciones de Fomento y Contratas, que pagó al menos 165.000 euros; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau, que donó al menos 100.000 euros; Adolfo Sánchez, que habría pagado 98.500 euros. A todos les atribuyen los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda pública y fraude.