En el año del bicentenario de la Constitución de Cádiz, el Gabinete de Mariano Rajoy no ha tenido fácil honrar la memoria de ese texto intentando cumplir alguno de sus preceptos.
"El objeto del Gobierno es la felicidad de la nación", rezaba su artículo 13, y algunas medidas aprobadas por el Ejecutivo en su primer año podría parecer que se distancian de ese objetivo a tenor de las protestas en las calles y las dos huelgas generales en un plazo de ocho meses.
Pero Rajoy y sus ministros han invitado a no quedarse en el corto plazo, a mirar más allá, y se han mostrado convencidos de que sus reformas, aunque ahora comporten sacrificios, traerán la felicidad en forma de crecimiento económico y empleo tras cifras récord de paro.
El despegue se ha fijado en 2014. Es cuando el Gobierno prevé recoger los frutos de sus medidas, principalmente económicas, y que, con permiso del debate soberanista abierto por Artur Mas, han ocupado el protagonismo este año.
Aunque el propio Rajoy ha reconocido que la realidad le ha impedido cumplir con promesas de su programa, sí respondió al compromiso de que su primera decisión sería la ley de estabilidad presupuestaria.
Un arma esencial contra un déficit desbocado del 9,4 por ciento en 2011. Los socios europeos flexibilizaron los objetivos para 2012 y las previsiones parecen dejar abiertas las puertas a una nueva revisión de esa cifra.
El Gobierno ha estado mirando de reojo o de frente a Bruselas, Berlín, el Banco Central Europeo o el FMI ante cada decisión económica adoptada o que sigue analizando con suma discreción (como la petición del "rescate suave" a la UE) y se ha autoimpuesto una línea roja: las pensiones.
Siguió el guión previsto para aprobar la reforma laboral o la del sector financiero (que alumbró el "banco malo"), pero no para subir el IVA o eliminar la paga navideña de los funcionarios.
Estos recortes fueron la respuesta ante la ayuda europea de 100.000 millones de euros -aunque sólo se utilizarán unos 40.000- a los bancos españoles.
Todo para cumplir la misión que Rajoy cree que los españoles le han encomendado: "Liberar a España de la herencia recibida".
"Hacemos lo que no nos queda más remedio que hacer, tanto si gusta como si no", proclamó en el Congreso al presentar en julio su plan de ajuste.
Y ha pretendido que esa máxima sea asumida por las administraciones a las que muchos culpan de la situación: las comunidades autónomas.
Pese a las dudas suscitadas, todas se plegaron al objetivo de austeridad del Gobierno, que ha garantizado que no dejará caer a ninguna creando el fondo de liquidez al que ya han anunciado que acudirán nueve autonomías.
La escenificación del pacto llegó en la conferencia de presidentes de octubre y con la rúbrica, incluso, de Artur Mas, quien, imbuido del mensaje que cree que quisieron lanzar los ciudadanos catalanes en la manifestación de la Diada, abanderó las aspiraciones soberanistas.
Con ellas llegó a Moncloa para recibir el rotundo no de Rajoy, una negativa que le espoleó para adelantar las elecciones catalanas con la esperanza de conseguir el 25 de noviembre una mayoría absoluta que las encuestas no certifican.
Los sondeos también dudaban de esa mayoría en Galicia para Alberto Núñez Feijóo -interpretada por el Gobierno como un aval a sus políticas- y vaticinaban que la conseguiría Javier Arenas en Andalucía -donde ganó pero los socialistas lograron gobernar y consideraron que se había dado una muestra de rechazo a las políticas de Rajoy-.
El PSOE obtuvo la presidencia asturiana, pero ni socialistas ni populares salieron satisfechos de los comicios vascos, tras los que el Gobierno tendrá en Íñigo Urkullu un nuevo interlocutor sobre el que permanece la incógnita de si resistirá la tentación de contagiarse de las reivindicaciones de Mas.
El jefe del Ejecutivo se ha encontrado con otra dificultad inesperada al provenir de un colectivo afín siempre a sus tesis: las víctimas del terrorismo.
El plan de reinserción de presos terroristas o la libertad condicional del etarra Bolinaga provocaron alguna fisura con ellas que el presidente del Gobierno ha intentado restañar.
En política exterior la máxima ha sido volver a dar protagonismo a España tras la nefasta gestión que en este ámbito creen que protagonizó José Luis Rodríguez Zapatero, y desarrollar una diplomacia económica.
No han faltado sobresaltos como la expropiación en Argentina de la petrolera YPF o la resurrección de un conflicto latente con el Reino Unido como el de Gibraltar.
Reformas
Rajoy proclamó desde el principio su intención de que, cada viernes, el Consejo de Ministros aprobase alguna reforma, y, así, se han ido sucediendo las relativas a educación, sanidad (en medio del debate sobre el copago), pago a proveedores, amnistía fiscal, lucha contra el fraude fiscal, reforma de las administraciones, ley de costas, poder judicial, regulación de la elección del presidente de RTVE...
Y entre las últimas decisiones, nuevas medidas ante los desahucios y que, por el momento, no han contado con el respaldo del PSOE. Doscientos años después de "la Pepa", hacer felices a todos es tarea prácticamente imposible.
