El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad un Plan de Austeridad que obligará a los vocales a incorporar, en los formulares de gastos de protocolo o representativos, una descripción del motivo del gasto y una referencia al cargo de las persona que lo origina, es decir, si se reúnen o viajan para ver a un miembro o alto cargo del Gobierno, a un parlamentario, a una autoridad judicial etc.

"Y ello con la única excepción de las reuniones o eventos reservados en los que, no obstante, habrá de darse información que permita excluir la naturaleza privada y no oficial de la actividad", añade el acuerdo.

Así se señala en el texto con el que se pretende dar por zanjada la crisis suscitada a raíz de la denuncia del vocal José Manuel Gómez-Benítez contra el presidente de este órgano, Carlos Dívar, en relación con una veintena de viajes que éste realizó a Marbella (Málaga) cuyos gastos fueron en parte cargados al Consejo.

Al inicio del Pleno celebrado este jueves, Dívar comunicó a sus consejeros su intención de comparecer públicamente ante la prensa, lo que permitió neutralizar el debate previsto tras la petición de cuatro de los vocales que habían exigido dicha comparecencia por escrito. Con esta decisión de Dívar y la aprobación del Plan de Austeridad, el Consejo espera dar por zanjada la polémica.

El documento es consecuencia de la "preocupación de los miembros del Consejo General ante la grave crisis económica que sacude la economía española, que impone la máxima exigencia de ejemplaridad en la rendición de cuentas por parte de los poderes públicos", según explican.

Con ese fin, el Pleno ha acordado pedir a las comisiones de Estudios e Informes y de Presupuestos que, en el próximo pleno de la institución, convocado para el 28 de junio, presente una propuesta para actualizar las normas sobre liquidación de comisiones de servicio con derecho a indemnización y gastos de protocolo o de representación con cargo a los Presupuestos del Consejo General del Poder Judicial

Los vocales también han aprobado la publicación de la agenda de actividades de las diferentes comisiones que funcionan en el CGPJ y la publicación trimestral en la 'web' del CGPJ del estado de la ejecución presupuestaria.

Texto de la moderación

El texto es el resultado de una mezcla de los dos escritos que se presentaron hoy al Pleno, uno por parte del sector "conservador" proponiendo el Plan de austeridad y el firmado por los vocales Margarita Robles, Félix Azón e Inmaculada Montalbán alertando del daño hecho a la institución y solicitando la comparecencia pública de Dívar, según han informado a Europa Press fuentes de este órgano.

Por ello, y tras no ser necesaria la discusión sobre la comparecencia, el acuerdo final incluye expresiones como que el CGPJ es consciente del "menoscabo que para la imagen de la institución, del Tribunal Supremo y del Poder Judicial en su conjunto ha supuesto la polémica últimamente desatada".

Añade que consecuencia de ello ha sido "el surgimiento de un clima de recelo y desconfianza" hacia la gestión y el uso de los recursos públicos que el Estado pone a disposición del Consejo, "que ha podido afectar incluso a la percepción de los ciudadanos".

El escrito añade que desde 2010 el Consejo ha iniciado un plan de reducción de gastos que ha incluido una reducción de las retribuciones de los vocales del 10 por ciento y que, pese a no verse afectado por el acuerdo de no disponibilidad presupuestaria aprobado por el Gobierno, ha acordado fijar en un 5 por ciento esta no disponibilidad en el presente ejercicio.

"La disminución del presupuesto de 2012 no ha podido ser mayor debido al importante crecimiento del número de jueces en práctijavascript:cargarFckEditor('pTexto');cas que dependerán de la Escuela Judicial en 2012", excusan los vocales ya que, hasta que toman posesión como jueces, las retribuciones de estos funcionarios son abonadas por el CGPJ.

Ponerse al día

Por otro lado, y por una mayoría de 19 votos -dos abstenciones-, el CGPJ ha aprobado un Plan de Trabajo que les obligará a poner al día determinadas actuaciones como la reducción de la litigiosidad o la determinación de la carga de trabajo de los jueces, ya que obliga a los grupos de trabajo a los que se encargó estas actuaciones a presentar sus conclusiones en el próximo Pleno del mes de junio.

Asimismo, se encomienda a los grupos de trabajo creados en materia de Tribunales de Instancia y Oficina Judicial la elaboración sobre las reformas que sus conclusiones comportarían para su inclusión en la LOPJ antes de que termine el presente año.

Como colofón, el CGPJ reitera en este escrito la "urgente necesidad de creación de al menos 50 nuevas unidades judiciales para atender de forma mínimamente razonable las demandas de tutela judicial efectiva de la sociedad" y vuelve a pedirse la convocatoria de oposiciones "para intentar aproximar la ratio de juez por habitante a la medida que permita garantizar aquel derecho fundamental".