El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado que desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se estructurará un programa de detección de conducción bajo los efectos de la droga análogo a los controles de detección de alcoholemia, durante su primera comparecencia en el cargo en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso, en la que ha insistido en que el Ejecutivo va a mantener "tolerancia cero en drogas al volante".
Así, ha reconocido que queda trabajo por recorrer frente a las "impactantes cifras registradas" ya que, mientras el total de pruebas de alcoholemia en 2011 fue superior a los 6,3 millones, sólo en un 1,79 por ciento de los casos se dio positivo; en el caso de los controles de drogas al volante, y sin incluir el alcohol, se ejercieron "sólo" 705 pruebas y el indicador de positivos fue del 51,21 por ciento.
Fernández Díaz se ha mostrado dispuesto a estudiar un aumento en el límite de velocidad de las autopistas, establecido en 120 kilómetros por hora, ya que considera que no afectaría a los índices de siniestralidad registrados en las carreteras, eso sí, siempre y cuando se solvente el impacto ambiental que esta medida podría generar.
En el caso concreto de España, ha explicado que el país se está "gastando un dineral" en compra de derechos de emisiones, de acuerdo con su cumplimiento del Protocolo de Kioto, y hasta que no se solvente este aspecto no considera conveniente modificar la velocidad de las autopistas.
Al término de dicha comisión parlamentaria, la Mesa y los portavoces de la misma han mantenido una reunión a puerta cerrada en la que han acordado que la comparecencia de la nueva directora de la Dirección General de Tráfico (DGT), María Seguí, se producirá en el mes de junio, aún sin fecha concreta, según han informado a Europa Press en fuentes parlamentarias.
Igualmente, han aceptado la invitación que les ha emitido el ministro del Interior durante su comparecencia de visitar a finales de abril la sede de la DGT, donde se les informará "de cuanto deseen" y así se podrá favorecer el consenso en la materia, según ha señalado Fernández Díaz.
En cuanto al establecimiento de mejoras en el proceso de imposición de sanciones de tráfico, Fernández Díaz prevé actualizar los domicilios que figuran en el Registro de Conductores, para evitar que las notificaciones del procedimiento sancionador sean fallidas, así como introducir un sistema de calidad y auditoría en el procedimiento sancionador, documentando todo el proceso, además de extender a todo el territorio nacional el pago con tarjeta en carretera de las sanciones impuestas.
