Encontrar un hueco para hacer esta entrevista no ha sido tarea fácil. Al magistrado José Ramón Soriano (Soneja, Castellón, 1945), que llegó al Tribunal Supremo desde la presidencia de la Audiencia de Alicante hace ahora once años, se le acumula la faena. A la instrucción del «caso Campeón», donde se investiga al ex ministro José Blanco por un supuesto cobro de comisiones, se le ha unido formar parte de la Sala que está juzgando a Baltasar Garzón por sus pesquisas de los crímenes del franquismo. Advierte de que sobre estos temas no puede hablar pero, en compensación, se pronuncia con contundencia acerca de asuntos como el de Urdangarín o el de la Caja del Mediterráneo (CAM).

Entre Elche y Madrid discurre la vida de este magistrado, casado con «Miss España 1974» e ideológicamente situado en un centro que con el paso de los años, matiza, se ha ido escorando a la derecha pese a sus orígenes familiares de izquierdas.

-¿Cómo está la justicia?

-Bastante deteriorada; pero no se trata de ahora, es algo que viene de lejos porque nunca se la ha atendido como es debido. No da votos y tanto a nivel de personal (jueces y funcionarios) como en medios ha estado siempre dejada porque no era rentable políticamente. Los medios que tiene el Ministerio de Hacienda no los tiene el del Justicia.

-¿Cómo tendría que ser la justicia en tiempos de crisis?

-Lo que está haciendo el Gobierno con la crisis es acometer reformas estructurales porque ésas no cuestan dinero. Como la nueva designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), o del Constitucional...

-¿Son ésas las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos?

-Totalmente no, pero la gente está viendo la politización del CGPJ y del Constitucional, y eso daña bastante. Con el Estatut de Cataluña, con Bildu, con los nombramientos, se va midiendo quién es de derechas y quién de izquierdas, ven que estos organismos no tienen autonomía. Y por eso los ciudadanos no confían en la justicia.

-Luego confirma que la justicia se mueve por criterios políticos.

-Los jueces actúan con rectitud, aunque no se puede evitar que cada uno tenga su tendencia, pero los nombramientos de los altos órganos de la justicia están viciados desde el principio porque dependen de los políticos. Y los políticos deben intervenir porque el Parlamento representa al pueblo, pero hasta un punto.

-¿Qué cree usted que un país con cinco millones de parados espera de la justicia en procesos como los casos «Gürtel», «Brugal», «Matas» o «Urdangarín»...?

-Son casos escandalosos, máxime en tiempos de crisis, y la gente espera que la justicia sea objetiva, imparcial y rigurosa. El Rey ha dicho que la justicia es igual para todos. Y si hay que meter en la cárcel a Urdangarín, pues se le mete.

-Sí, pero no se cita a declarar a su mujer, la infanta Cristina.

-Pues habría que citarla. Si yo fuera el responsable de esa instrucción, claro que lo haría. Si formaba parte de unas sociedades, algo sabe. Parece que la mayor responsabilidad es la del marido, pero él arrastró a la compañera, que no parece una persona tonta. Citarla contribuiría a que el ciudadano creyera en la justicia. No se la puede dejar fuera ni evitar que declare, porque no tiene ningún privilegio.

-Como presidente del tribunal del que salen las nuevas hornadas de jueces, ¿qué cualidades tendrían que primarse en estos tiempos de recesión?

-Se tendría que racionalizar la oposición para que no sólo se valore la memoria, sino que tengan una visión de conjunto, que conozcan el derecho, que sepan controlar los nervios, que tengan fluidez... es decir, virtudes jurídicas, una formación adecuada en la Escuela Judicial con prácticas e inculcarles que tienen que trabajar como leones.

-¿Qué opina del problema, cada vez más dramático, de quienes se quedan sin casa y han de seguir pagando la hipoteca?

-Ahí la justicia va a rastras de la legalidad y se tiene que limitar a aplicar la ley.

-¿No es posible interpretarla en el marco de la situación económica actual?

-La solución requiere cambiar la ley y aplicarla a raíz de ese momento, nunca con carácter retroactivo. Se podría suscribir un seguro por el que, a partir de haberse abonado una parte de la hipoteca, se hiciera cargo de la deuda si el hipotecado no puede hacerlo desprendiéndose al mismo tiempo de la vivienda.

-¿La dación en pago sería entonces posible?

-Si se regula antes, sí. Sería justo que se hiciera aunque el banco perdiera algo. Pero ahora el juez no puede hacer nada, salvo que se salga de la ley; y el que lo haga es un prevaricador.

-¿Qué piensa del castigo penal para los malos gestores públicos anunciado por Rajoy?

-Totalmente de acuerdo. El problema es delimitar cuándo se trata de una actuación política con riesgo de que resulte o no y cuándo de una actuación irresponsable. El político que gaste más de lo que debe ha de empezar a responder por ello. Donde quizá la ley no pueda entrar es en el modo en que el representante público invierta su presupuesto siempre que no se superen los límites de gasto. ¿Que en Valencia han hecho la Fórmula 1 y ha dado mal resultado? ¿Y si lo hubiera dado bueno? Por eso la cuestión es determinar cuál es la conducta delictiva, y la base debe ser cuando conscientemente el político se pase del límite que marquen los Presupuestos. Dentro de esos parámetros la ley no puede entrar en si se invierte en una cosa o en otra, porque vulneraría la independencia de una personal elegida democráticamente.

-Francisco Camps acaba de ser absuelto por un jurado popular. ¿Cree usted que un tribunal formado por magistrados lo habría condenado?

-Es muy probable. La diferencia entre un tribunal popular y uno de técnicos es tremenda. Lo digo por experiencia. Yo he visto aquí (en el Supremo) veredictos de jurados que son barbaridades, no porque se haya condenado a un inocente sino porque, con pruebas de asesinato, se ha castigado por una falta de lesiones.

-Luego ¿es cierto que es fácil que un jurado absuelva a un culpable?

-Si has cometido un delito, es mejor que te juzgue un jurado porque es posible que por los siete votos (precisos para la culpabilidad) te salves. Si no lo has cometido, que te enjuicie un tribunal técnico. Esto viene a decir que los profesionales, por muy flojitos que sean, ofrecen más garantías. Lo ideal sería un jurado mixto. En Francia, Italia y Alemania lo tienen así y avisaron a España de que hiciera lo mismo, pero no hicimos caso.

-¿Los miembros de un jurado son más influenciables?

-No sólo eso, sino que al no saber tecnicismos pueden hacer barbaridades.

-¿Y en casos con mucha presión ambiental?

-Mucho más. A un juez no le afecta para nada porque sabe que al final hará lo que tiene que hacer.

-¿Debería modificarse la ley?

-Debería y existe el modo de hacerlo. Dejar los asuntos más pequeños para el jurado puro y los serios, para el escabinado, es decir, el mixto.

-¿Deben tener responsabilidad penal dirigentes de entidades de crédito que las han llevado a la ruina, como ha ocurrido con la CAM?

-Yo creo que sí, regulándolo... y sin regularlo, porque hay un delito societario que castiga estas actuaciones, que exige responsabilidad penal a quien de forma consciente ha dañado a la sociedad o a los socios. Y lo de la CAM ha sido una barbaridad que ha provocado una pérdida de puestos trabajo y perjuicios para sus clientes, entre otros cosas.

-¿Se podría actuar penalmente contra aquellos que se han garantizado una jubilación millonaria?

-Eso es diferente porque puede estar acordado por los consejos de administración, con lo sería inmoral pero no delictivo.

-¿Para qué sirve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)?

-El CGPJ fue un paso adelante para no hacernos depender a los jueces de los políticos, del Ministerio de Justicia.

-¿Acaso el CGPJ no está politizado?

-Claro que lo está.

-¿Entonces es cierto eso del intercambio de cromos para los nombramientos?

-A veces sí.

-¿Luego lo de los méritos y la capacidad no sirve de mucho?

-Bueno, además de los méritos y la capacidad, cuenta lo otro. Cuando para una plaza se presentan varios aspirantes, primero se hace una selección a la vista del currículum y, a partir de ahí, la selección es política. Por eso quieren cambiar el sistema.

-¿Es mejor que los nombramientos dependan de las asociaciones profesionales que del Parlamento?

-Lo cierto es que cuando existió ese modelo, funcionó bien. Así se buscarán todas la sensibilidades de los jueces pero no se le deberá sumisión a ningún partido; porque ahora te elige el Parlamento, pero en realidad lo está haciendo el PP o el PSOE. Y aunque la ley habla de independencia, lo cierto es que se arrastra siempre el origen del nombramiento.

-¿Hacen falta cambios en la ley del Menor en la línea de los anunciados por el ministro de Justicia?

-El Ministro anuncia estos cambios en un momento que le viene bien. Pero estas cosas no hay que analizarlas en caliente sino sosegados. El Gobierno debe serenarse porque tampoco se puede pisotear al menor. Y en reformas de este tipo, que se consensúe con el PSOE y, como mucho, que se dé un pasito... pero no se pueden dejar llevar por lo que en un momento dado les pida el cuerpo.

-¿Qué opina de la condena perpetua revisable? ¿El sistema penal español no es lo bastante punitivo?

-Eso es una tontería, una transformación de lo que ya tenemos pero equiparándolo a lo europeo. Y lo que nosotros tenemos es igual o incluso más duro para el delincuente que lo que están planteando ahora. La cadena perpetua revisable es como aplicar una condena de treinta años con la «doctrina Parot», que supone cumplirlos.

-¿Servirá para algo el que agosto sea hábil en los juzgados?

-Pues no para mucho. Si hubiera medios, convendría que la máquina no parara; pero no los hay. Y si el resto de los meses del año se trabaja a tope, no creo que sea necesario cambiar nada.