Las principales asociaciones de jueces han recordado este viernes que la concesión del indulto es una "medida unilateral" que puede aplicar el Gobierno y han emplazado a explicar los motivos por los que se ha conmutado la pena de prisión y la suspensión del ejercicio profesional por la multa al consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes conceder el indulto a Sáenz por la condena a tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusación falsa cometido en 1994 contra unos acreedores de Banesto cuando era presidente de la entidad, según fuentes conocedoras de la decisión.
El Gobierno en funciones tras el 20-N, a petición del Ministerio de Justicia, ha decidido otorgar el indulto a Sáenz, por lo que le exime de la condena de cárcel e inhabilitación impuesta por el Supremo. El indulto contaba con el informe favorable del Ministerio Fiscal.
La asociación de Jueces para la Democracia (JpD) ha advertido de que la concesión del indulto a Sáenz debe contraer "responsabilidades políticas", por las que el Gobierno deberá explicar las razones que le han llevado a conmutar la pena de prisión y de inhabilitación por la multa máxima aplicable a este caso.
El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, José Luis Armengol, ha advertido por su parte al Ejecutivo en funciones de que, con el indulto, "se ha puesto el listón muy alto". Ha destacado que se trata de una situación en la que, dentro de un sistema de división de poderes ha existido "una inmersión del Ejecutivo respecto a lo que ha dicho el judicial", en referencia al dictamen negativo emitido por el Tribunal Supremo sobre el caso de Sáenz.
Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha recordado que el indulto es "una medida unilateral y un derecho de gracia que sólo le corresponde aplicar al Gobierno" y que ha adoptado con "el criterio en contra" del Tribunal Supremo y después de que la Audiencia Provincial de Barcelona dictara su condena.
"Nosotros no podemos hacer una valoración ni positiva ni negativa. El ordenamiento jurídico reconoce al Gobierno la potestad de conmutar una pena en determinadas circunstancias y en este caso se trata de una persona con una trayectoria importante dentro del mundo financiero y empresarial", ha dicho Llarena.
