"Quizás esto se acabe, o no. Yo, en principio, no me lo creo. Pero que se piensen si van a retirar repentinamente a todos los escoltas porque los problemas en la calle los va a haber igual. Insultos, escupitajos, empujones, amenazas... No es lo mismo Bilbao que pueblos más pequeños, como Elorrio o Andoín. El desprecio y la historia sigue estando en las mentes de muchos, los que hacen la vida imposible a los demás, y eso no cambia de un día para otro con un anuncio del cese definitivo de la violencia a un mes de las elecciones generales. No me imagino la vida de un concejal del PP o del PSOE en los núcleos más borrokones. Solo pedimos que tanteen los riesgos y no den nada por hecho antes de tiempo. Nosotros, si no hay trabajo, nos reubicamos. Pero las vidas no se recuperan".

Manuel Gómez, nombre ficticio para salvaguardar su identidad en un momento para el País Vasco tan histórico como delicado, es uno de los 200 gallegos que trabajan como escoltas en Euskadi desde hace más de una década. Perciben que su oficio "se acaba", está en su recta final. Y aunque saben y aplauden que su extinción coincidirá con el cumplimiento de un sueño para la mayoría de la sociedad vasca y el resto de comunidades tras crudas décadas de terrorismo, sangre y conflicto, advierten del peligro de eliminar de un plumazo toda la protección a los profesionales amenazados. Ellos han "mamado la calle", las broncas en los plenos, los sustos en las aceras, los mensajes amenazantes, las miradas hirientes en ciertos bares y tiendas o las sorpresas en forma de daño material, en coches o portales, y aseguran que no todos los concejales están preparados para caminar solos.

Al día siguiente del anuncio de ETA del cese definitivo de la actividad terrorista, el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, comunicó que estudiará con la Ertzaintza y el Ministerio de Interior "la retirada de escoltas a las personas amenazadas". "Estamos en una situación completamente diferente y, por lo tanto, tomaremos decisiones", declaró. ¿El objetivo? Que lleven escolta solo los altos cargos como en cualquier comunidad o país normal, tranquilo y pacífico. Hasta alcanzar ese escenario idóneo, sin temor, desconfianza ni miedos, quedan en una especie de limbo a la espera de que el cese sea definitivo y real centenares de concejales, presidentes de otras entidades u organismos políticos, empresarios o jueces que han necesitado protección en las últimas décadas para realizar su trabajo diario. Esquivando abucheos. Siempre con otra persona al lado para velar por su seguridad e integridad. ¿Tendrán su escolta la próxima semana? Está por ver.

Intuición y sacrificio

La mayoría de gallegos en plantilla en la veintena de empresas vascas de seguridad que protegen a los amenazados viven en Castro Urdiales (Cantabria), buscando tranquilidad fuera del territorio vasco al acabar cada jornada pegado al cargo que les toque y con una pistola de 9 milímetros oculta bajo la ropa "de calle". Fingiendo ser uno más, un paisano, pero con los cinco sentidos en alerta durante las 8, 10, 15 o 20 horas de trabajo diario. Husmeando en cada rincón en busca de posibles amenazas, templando gaitas cuando la muchedumbre se enciende o actuando con rapidez si la agresividad lo requiere, "más con cabeza que con otra cosa porque si no la cagaste", dice Gómez. "Por lo menos aquí, en Cantabria, puedes salir a tomarte una cerveza. Allí te conocen. Eso no sería posible. Te desplazas a diario y te compensa vivir aquí. Son veinte minutos en coche".

Gómez se cambió de domicilio cinco veces en diez años, para despistar. Hace tiempo que piensa en regresar a Galicia, a donde viaja cada dos meses a ver a su familia (con mujer e hijos), y poner fin a su etapa de escolta. Parte de sus compañeros ya lo han hecho: "unos 40", calcula. Y el resto, que intentaba dilatar la fecha para abandonar un oficio arriesgado pero bien remunerado, considera que ahora sí ha llegado el momento, con el comunicado del cese de ETA.

Este esperado y deseado paso acelera el fin del oficio. No obstante, los problemas para este colectivo empezaron antes y, desde el verano, tras las elecciones municipales, "la situación es muy complicada porque trabajamos vendidos". Por falta de presupuesto y ante la necesidad de ajustes económicos, el Gobierno vasco empezó a recortar escoltas. ¿Cuántos? De 2.400 que había en el País Vasco el año pasado, la cifra se ha reducido hasta los 1.700. En Navarra, de 800 se redujeron unos 200. "Es cierto que la sensación de peligro es menor en estos momentos. Todo está más calmado. Pero siempre hay riesgo. Desde hace unos meses no podemos dar a nuestros protegidos la misma seguridad que antes porque, en lugar de un vehículo oficial y dos escoltas, nos quitan el vehículo oficial y vamos solo uno con el escoltado. Además, nos llaman menos días al mes. Esto era un indicio de lo que podía pasar. Lo intuíamos", cuenta Gómez.